Genocida a salto de mata

Diego Cevallos

MÉXICO, 23 dic (IPS) - En 1980 ordenó que sacaran a un herido del hospital para golpearlo, ejecutarlo y arrojar su cuerpo a la calle. Tenía un centro de torturas en su casa y organizaba escuadrones de la muerte. Es el ex ministro guatemalteco Donaldo Alvarez, prófugo internacional.

El ex ministro del Interior, acusado de cometer y ordenar horrendos crímenes entre 1978 y 1982, vivió sin sobresaltos los últimos 22 años en México, con residencia legal y casi desapercibido.

Pero este mes pasó a ser un perseguido de la justicia, por una orden de detención internacional cursada por el juez español Fernando Grande-Marlaska, quien pidió su extradición a México por los asesinatos de siete ciudadanos españoles en Guatemala.

"Creemos que Alvarez aún está en este país y que está protegido por el círculo de familiares y de gente de cierto poder que construyó en los últimos años", dijo a IPS el guatemalteco Emilio Godoy, uno de los portavoces en México de la Fundación Rigoberta Menchú. Alvarez huyó de su residencia en la capital mexicana antes de que México recibiera el pedido formal de detención.

Grupos humanitarios acusaron al gobierno mexicano de negligencia por la fuga del acusado, el primer represor guatemalteco de los años 70 y 80 sobre el que pesa un pedido de arresto.

Pero el secretario de Gobernación (Interior) de México, Santiago Creel, aseguró que la huida se produjo mucho antes de que llegara la petición oficial de la justicia española.

"Que quede muy claro, apenas tuvimos conocimiento desplegamos un operativo para ubicar a esta persona, inclusive antes de que llegara el resolutivo de las autoridades españolas. No nos esperamos, no dejamos pasar tiempo", afirmó.

Según Creel, el gobierno de Vicente Fox "está comprometido en la búsqueda de esta persona, comprometido en que se haga justicia. Queremos colaborar con el tribunal español, con la Audiencia Española, para que se haga justicia".

La Fundación Rigoberta Menchú, que en 1999 presentó junto a víctimas de la represión una querella contra ex funcionarios guatemaltecos ante tribunales españoles, mantiene contactos de "primer nivel” con funcionarios mexicanos para seguir el caso de Alvarez, dijo Godoy.

Hay colaboración estrecha, señaló.

Se sospecha que el ex ministro se está moviendo por diferentes lugares de México, mientras un grupo especial de la policía le sigue el rastro.

De ser detenido, será conducido a una prisión local donde esperará el proceso de extradición.

Similar procedimiento le tocó al ex represor argentino Ricardo Miguel Cavallo, quien fue extraditado en junio de 2003 de México a España, donde está sometido a un juicio por delitos contra la humanidad cometidos durante la última dictadura militar de Argentina (1976-1983).

Alvarez es considerado uno de los funcionarios clave en la represión ejercida por diversos regímenes de Guatemala en el marco de la guerra civil que se extendió entre 1960 y 1996, con un saldo de 200.000 asesinatos (45.000 de ellos desapariciones) a manos de las fuerzas de seguridad, la mayoría indígenas mayas.

En ese período se registraron además un millón de desplazados internos, 500.000 personas refugiadas en México y 250.000 niñas y niños huérfanos por la guerra.

El ejército aparece como responsable de arrasar 450 aldeas y cometer más de 600 masacres. Todos estos hechos fueron documentados por la Comisión de Esclarecimiento Histórico, auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas.

Según los documentos de la Comisión, la represión fue ordenada por los militares que comandaron dictaduras, como Fernando Lucas García (1978-1982), Efraín Ríos Montt (1982-1983) y Oscar Mejía (1983-1986). No obstante, ninguno de ellos ha respondido ante la justicia ni en Guatemala ni en el exterior.

Pero los tres están acusados en el mismo proceso contra Alvarez, iniciado en 1999. Del total de requeridos, Alvarez y Lucas García son los únicos que viven fuera de Guatemala. El primero en México y el segundo en Venezuela

Aunque la represión y la guerra civil terminaron en Guatemala hace ocho años con la firma de acuerdos de paz, la justicia de ese país no ha logrado llevar a la cárcel a ninguno de los jefes militares acusados de perpetrar graves violaciones de los derechos humanos, si bien hay varios procesos abiertos.

El expediente de torturas, desapariciones, persecuciones y asesinatos de opositores guatemaltecos es conocido por grupos humanitarios.

Por órdenes de Alvarez, hoy de 73 años, en enero de 1980 un incendio provocado puso fin a la ocupación de la embajada de España en Guatemala, tomada por activistas que denunciaban ser perseguidos por el régimen.

En el fuego murieron 36 personas, entre ellas Vicente Menchú, padre de Rigoberta Menchú, galardonada en 1992 con el Premio Nobel de la Paz, así como varios españoles.

Los testimonios recogidos por el juez español Grande-Marlaska indican que uno de los sobrevivientes de aquel incendio fue llevado a un hospital para ser atendido de sus graves quemaduras.

Horas después fue sacado de allí por órdenes del entonces ministro para ser torturado y ejecutado. Finalmente sus restos fueron arrojados en la sede de una universidad pública.

"Alvarez es uno de los peores represores que ha existido en el mundo, merece las condenas más drásticas", dijo a IPS Rigoberta Menchú días después de librada la orden de detención, que puso al ex funcionario en la lista de los buscados por la policía internacional Interpol.

Tras la muerte de Vicente Menchú en la embajada de España, su esposa Juana fue torturada, y más tarde su hijo Víctor murió asesinado.

Otro de los testimonios recogidos por tribunales españoles afirman que Alvarez tenía un centro de torturas en su propia casa y que organizó varios escuadrones de la muerte.

"El 4 de diciembre de 1981, los patrulleros de Xococ (un grupo paramilitar vinculado a Alvarez) y soldados llevaban lazos y garrotes con punta e iban gritando y tirando (disparando), voceando a los hombres para que salieran de sus casas. Los amontonaron, a algunos los torturaron, les cortaron las orejas y la nariz y les echaban sal en las heridas", señaló un testigo.

Según consigna en actas el juez que pidió la detención del ex ministro, "de la detenida lectura de la extensa e intensa documentación presentada por los denunciantes se infiere con total claridad que los hechos ejecutados por los denunciados se encaminaron al exterminio del pueblo maya".

Los acusados actuaron "por medio de la muerte, la tortura y el terror como métodos de ejecución", agrega.

A pesar de que los crímenes mencionados por los expedientes sobre Alvarez son muchos y variados, el requerimiento judicial se restringe a los casos de siete españoles asesinados en Guatemala. *****

+ Fundación Rigoberta Menchú (http://www.frmt.org)