Comisión investigará masacre de
indígenas wayúu
Constanza Vieira
BOGOTA, 21 may (IPS) - Partirá este sábado
una comisión verificadora hacia el septentrional desierto colombiano de
La Guajira, hogar de los indígenas wayúu, para esclarecer denuncias
sobre crueles ataques a niñas, niños, mujeres y hombres de esta etnia
cuyo territorio se sitúa a ambos lados de la frontera entre Colombia y
Venezuela.
Una denuncia anónima del 3 de mayo, firmada por
”Indígenas wayúu Alta Guajira”, dio cuenta de un asalto de
escuadrones de la muerte, el 18 de abril, contra la aldea de Bahía
Portete, de 580 indígenas, en el que se cometieron torturas y desaparición
de niños, violación de adolescentes, asesinato de mujeres y hombres y
desmembramiento de los cuerpos de las víctimas.
El comunicado, redactado en un mal español (la lengua de esta etnia es el
wayunaiki), señalaba que los atacantes destruyeron el cementerio que
alberga a los antepasados del pueblo, según la tradición wayúu, el
lugar sagrado que prueba la propiedad sobre el territorio.
”Vamos a verificar sobre el terreno y a levantar un informe mucho más
amplio”, dijo a IPS Luis Evelis Andrade, del pueblo emberá y presidente
de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), que convocó a
la creación de la comisión.
Según la ONIC, en la jornada de abril fueron muertos 14 indígenas (al
menos seis eran mujeres) y otros 30 fueron desaparecidos, entre ellos
cuatro niñas y un niño previamente torturados para obligarlos a decir dónde
estaban sus padres.
La denuncia de los wayúu de Bahía Portete, que terminaba clamando en mayúsculas
”NO NOS DEJEN SOLOS”, pedía el viaje de una comisión, a la que
reclamaba buscar ”personas nativas que los lleven al verdadero lugar de
los hechos y que no los engañen”.
El texto agregaba que los indígenas no habían denunciado los crímenes
ante ninguna autoridad ”ya que tenemos miedo que nos sigan
acribillando”.
Diversas autoridades están de acuerdo en que es apresurado cuantificar
las víctimas del ataque mientras no haya claridad sobre los hechos.
La comisión que constatará la denuncia está integrada por la ONIC, la
Defensoría del Pueblo, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (Acnur), un diputado venezolano perteneciente a
la etnia wayúu y varias organizaciones indígenas regionales.
Mientras se redactaba esta nota, Andrade descartó la participación de la
Dirección de Etnias del Ministerio del Interior ”No es concebible que
esté matándose gente así en un pueblo mientras el gobierno de alguna
manera da a entender que eso no tiene importancia”, dijo en referencia a
lo que consideró falta de reacción gubernamental.
Tras la denuncia anónima, un inmediato llamado de ”acción urgente”
de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI), con
sede en Londres, advirtió que si las autoridades no actuaban
aceleradamente, los derechistas paramilitares podrían matar a quienes se
habían llevado secuestrados.
AI reportó el 7 de mayo ocho muertos y numerosos secuestrados, mientras
hasta el 10 de mayo las fuentes oficiales habían constatado solamente el
asesinato de una mujer y la muerte de un anciano por inanición.
AI también se refería al desplazamiento masivo de medio millar de indígenas
que habían desocupado Bahía Portete y la vecina aldea de Puerto Nuevo,
ahora poblados fantasmas y saqueados.
Según AI, habitantes de Bahía Portete habían recibido amenazas
recientes de paramilitares.
Un grupo paramilitar local está atacando a los wayúu para que abandonen
la zona, según la Coordinación Nacional de Derechos Humanos de la Policía
Nacional, ”ya que la región es de vital importancia para la salida de
estupefacientes por los diversos puertos naturales sobre el litoral” en
el mar Caribe, dice un documento policial.
La policía tampoco descarta que en el origen del masivo ataque a los
civiles haya ”diferencias personales” entre los indígenas y los
paramilitares.
La acción urgente convocada por la ONIC el 10 de mayo advirtió que ”la
comunidad indígena wayúu se ha visto forzada al desplazamiento de sus
territorios ancestrales por la acción de elementos pertenecientes a
grupos paramilitares, que quieren apoderarse y controlar su territorio”.
La ONIC señalaba ”la indolencia de las autoridades locales y
nacionales”, en el primer caso atribuida al ”poder que ostentan los
autores de esta masacre, quienes representan los intereses de los grupos
que quieren controlar el puerto de Bahía Portete”.
La organización indígena acusó a las autoridades locales de La Guajira
”de tener conocimiento previo sobre su ocurrencia” (de la masacre), y
de no haber tomado medidas para que Estado y gobierno cumplieran ”con
sus funciones de defensa de la vida e integridad del pueblo wayúu”.
La Defensoría del Pueblo habló de ”enfrentamientos” entre
”miembros de un grupo armado ilegal e integrantes de las comunidades indígenas”,
y la Presidencia expidió un comunicado de 56 palabras, informando que la
Fiscalía establecería ”la veracidad de las denuncias” y las Fuerzas
Armadas tomarían ”las medidas necesarias para la protección de esa
comunidad”.
El lunes se efectuó una reunión del gubernamental Consejo de Seguridad,
pero no trascendieron las decisiones adoptadas.
El pueblo wayúu comprende unas 150.000 personas, que representan 18 por
ciento de la población indígena colombiana, conformada por 81 etnias en
este país de 43 millones de habitantes.
En su territorio ancestral, la península de La Guajira sobre el mar
Caribe y el Golfo de Venezuela, hay ricos yacimientos de gas cedidos
recientemente a la petrolera estadounidense ChevronTexaco.
También allí está situada Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto
más grande del mundo, explotada por una alianza de las principales
corporaciones carboníferas incluyendo la compañía estadounidense
Drummond.
Los wayúu son un pueblo guerrero. En tiempos de la colonización,
lograron adquirir armas europeas a cambio de perlas para enfrentar el
exterminio de los conquistadores españoles.
Los expertos atribuyen a esa condición el hecho de que se haya preservado
como la segunda etnia más numerosa de Colombia después del pueblo paés,
otro de legendaria tradición de resistencia.
Los indígenas suelen ser blanco de ataques de los actores armados en la
guerra civil colombiana de cuatro décadas, en la que se cruzan
derechistas paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC),
las guerrillas izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y
Ejército de Liberación Nacional, narcotraficantes y fuerzas de seguridad
del Estado.
Según la Organización de las Naciones Unidas, las AUC son el grupo
armado que ha perpetrado la mayoría de los ataques contra civiles
desarmados desde mediados de los años 90.
De acuerdo a otro comunicado anónimo mostrado por la ONIC a IPS, y
firmado por ”Resistencia wayúu”, los ataques fueron perpetrados por
narcotraficantes. La denuncia identifica a 10 de ellos por sus nombres,
algunos miembros de la misma etnia, aunque de distinto clan.
El texto también señala que la Alta Guajira, donde está Bahía Portete,
”es el centro de operaciones para almacenar y enviar drogas hacia el
exterior”.
”Resistencia wayúu”, que justifica su anonimato en que ”los indígenas
que han denunciado han sido desplazados y asesinados”, señala también
por sus nombres a dos miembros locales de la fuerza pública como cómplices
de los hechos y advierte que recurrirá a la guerrilla si el gobierno no
toma cartas en el asunto, ”ya que nos sentimos huérfanos
desamparados”.
”Nadie quiere dar la cara. A nosotros todo nos ha llegado por vía anónima”,
comentó Andrade. El líder indígena ha tratado de trasladar a Bogotá a
algunos de los aterrorizados sobrevivientes que escaparon a la vecina
Venezuela, ”para que denuncien, pero no se atreven”.
Mientras la ONIC gestionaba la conformación de la comisión, el 13 de
mayo -católico Día de la Virgen de Fátima venerada por paramilitares y
narcotraficantes- el gubernamental comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo
firmaba un acuerdo con la cúpula paramilitar.
En ese acuerdo, los paramilitares se comprometieron a un cese completo de
hostilidades, a cambio de que el Estado garantice protección a sus jefes
en un área de 308 kilómetros cuadrados, de donde podrán salir sólo con
salvoconductos.
Si el acuerdo se cumple, el gobierno no perseguirá judicialmente a los líderes
paramilitares y por lo tanto no aprobará extradiciones pedidas por la
justicia de Estados Unidos contra varios de ellos por cargos de narcotráfico.
”Los wayúus dicen que Restrepo dijo en Santa Fe de Ralito (sede de las
negociaciones con los paramilitares en el septentrional departamento de Córdoba)
que era la guerrilla la que estaba atacando a los wayúu, pero allí (en
Bahía Portete) no hay guerrilla”, dijo el presidente de la ONIC.
(FIN/2004)