Ajuste de cuentas con la tortura,
no con torturadores
Gustavo González
SANTIAGO, 29 nov (IPS) - La decisión del
presidente de Chile Ricardo Lagos de difundir el informe sobre torturas
cometidas bajo el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990) e indemnizar a
las víctimas, es aplaudida por políticos y activistas, pero algunos
reclaman que falta llevar a los torturadores ante la justicia.
Tras la alocución que el mandatario socialista
hizo en la noche del domingo por una red nacional de televisión y
radioemisoras, hubo también representantes de la gobernante coalición de
centroizquierda que insistieron en que los civiles que colaboraron con la
dictadura deben pedir perdón a sus compatriotas y asumir sus
responsabilidades.
En una intervención de 15 minutos, Lagos anunció el levantamiento de la
reserva sobre el informe que la Comisión Nacional sobre Prisión Política
y Tortura le entregó el día 10, difundido este lunes en el sitio en
Internet de ese organismo y por los principales medios de prensa.
”He sentido muy de cerca la magnitud del sufrimiento, la sinrazón de la
crueldad extrema, la inmensidad del dolor”, dijo Lagos sobre el
contenido del informe, que reúne testimonios de decenas de miles de víctimas
de tormentos.
”La tortura representó una política institucional del Estado”, bajo
el régimen que el general Pinochet encabezó desde el 11 de septiembre de
1973 hasta el 11 de marzo de 1990, dijo Lagos.
La Comisión sobre Prisión Política y Tortura, que encabezó el ex
vicario de la Solidaridad Sergio Valech, recibió durante un año en Chile
y desde el exterior los testimonios de 35.865 personas detenidas durante
la dictadura que afirmaron haber sido torturadas.
De ese total, la comisión aceptó los testimonios de unas 28.000
personas, que serán favorecidas con una indemnización vitalicia mensual
de unos 180 dólares, pensión que Lagos propondrá al parlamento junto a
otras reparaciones en materia de salud, vivienda y educación.
Los casos de las otras 7.000 personas, cuyos testimonios no fueron
considerados suficientemente solventes podrán ser revisados mediante un
sistema de apelación, confirmó este lunes el ministro de Justicia, Luis
Bates, quien comentó además que ”ninguna cifra (monetaria) compensará
realmente a las víctimas” de las torturas dictatoriales.
El quinto capítulo es el más impactante del informe, ya que en él se
describen a través de testimonios los tormentos a que fueron sometidos 94
por ciento de los chilenos arrestados por motivos políticos bajo el régimen
de Pinochet.
Las 3.400 mujeres que presentaron sus testimonios a la comisión indicaron
haber sido objeto de violencia sexual. Varias de ellas quedaron
embarazadas y se registraron seis casos de hijos gestados como
consecuencia de violaciones.
Igualmente, 88 menores de 12 años fueron torturados y sufrieron prisión
política, según detalla el reporte, según el cual 70 por ciento de las
víctimas tienen hoy más de 55 años y siete por ciento de quienes
entregaron testimonios a la comisión fallecieron en el curso de este último
año.
Las identidades de quienes prestaron declaración al grupo especial solo
podrán ser conocidas en cinco años más, medida que se justifica por las
variadas secuelas sicológicas de su experiencia y por el hecho de que
muchas personas callaron durante más de 30 años por temor, advirtió
Lagos en su alocución.
De acuerdo con las pautas con que se creó la Comisión, en el informe no
quedó registrada la identidad de los autores de los tormentos, aun cuando
sus víctimas los hubieran identificado. ”Falta justicia contra los
torturadores”, reclamó el secretario general del Partido Comunista,
Guillermo Teillier.
Fuentes de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos
consultadas por IPS adelantaron que esa entidad insistirá en que se abran
caminos para llevar ante los tribunales a los torturadores.
El presidente del cogobernante Partido Socialista (PS), Gonzalo Martner,
llamó este lunes a la oposición derechista a ofrecer disculpas a la
ciudadanía por su responsabilidad en las violaciones de los derechos
humanos, en particular a aquellos que fueron funcionarios del régimen de
Pinochet.
El actual senador de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI) y
ex ministro del Interior de Pinochet, Sergio Fernández, desató
reacciones de indignación e incredulidad al afirmar durante el fin de
semana en una entrevista que no conocía Villa Grimaldi, uno de los más
citados de 1.200 centros de detención y tortura que operaron en Chile.
Durante el régimen militar se decía que ”el único izquierdista bueno
es el izquierdista muerto. Se sembró una odiosidad muy profunda, desde la
derecha en particular, desde sus medios de comunicación”, apuntó el
timonel del PS.
Martner reclamó igualmente que las demás ramas de las Fuerzas Armadas
imiten el gesto del comandante del ejército, general Juan Emilio Cheyre,
quien a comienzos de noviembre reconoció la responsabilidad institucional
de su fuerza en las violaciones de derechos humanos.
El senador Jorge Pizarro, de la también cogobernante Democracia Cristiana,
dijo que ”de una vez por todas los sectores de derecha van a tener que
reconocer en parte las responsabilidades que tuvieron”, en particular
”los civiles que participaron del régimen y sabían exactamente lo que
estaba pasando”.
El informe de la llamada Comisión Valech formuló críticas al desempeño
del Poder Judicial durante la dictadura, cuando se abstuvo sistemáticamente
de acoger presentaciones de habeas corpus y otros recursos a favor de
detenidos que luego desaparecieron o fueron víctimas de torturas.
”La Corte Suprema se desentendió de faltas y abusos cometidos por los
tribunales militares, no solo en su funcionamiento, sino también en sus
resoluciones”, señala un pasaje del reporte sobre las torturas.
El presidente subrogante de la Corte Suprema, Hernán Alvarez, declinó
comentar este lunes el informe y la alocución de Lagos. ”El Poder
Judicial está a la espera de recibir el informe para hacer un estudio
detallado de sus partes”, señaló escuetamente el magistrado.
El obispo católico Alejandro Goic, elegido la semana pasada presidente de
la Conferencia Episcopal Chilena, dijo este lunes que el informe ”debe
ser una gran lección para que nunca más, para nadie, en este país se
violente la sagrada dignidad humana”.
Goic se declaró impactado por los testimonios y pidió no sacar
dividendos políticos de esta situación, aunque recordó que durante la
dictadura varios obispos ”señalaron a través de un decreto la excomunión
de torturadores que profesando la fe católica se prestaban para ello”.
A raíz de esta decisión ”fuimos vilipendiados de mil maneras. Pero con
la perspectiva del tiempo doy gracias a Dios porque más allá de nuestra
fragilidad, hicimos lo que teníamos que hacer: defender la sagrada
dignidad humana”, concluyó el religioso.
Iván Moreira, un diputado de la UDI muy cercano a Pinochet, señaló este
lunes ante la prensa su ”convencimiento” de que el entonces dictador
desconocía que se torturaba a los presos políticos. (FIN/2004)