El hilo que lleva al crimen de
candidato presidencial
Parte I
Por Constanza Vieira
BOGOTÁ, 17/5/2005 (IPS) -
”Santofimio, Morena y Durán mataron a Galán”, exclamaba la multitud
que se agolpaba aquel mediodía del domingo 20 de agosto de 1989 cerca del
féretro del carismático candidato del Partido Liberal Colombiano, Luis
Carlos Galán, hasta entonces favorito para las elecciones presidenciales
de 1990.
El 12 de mayo, el también político liberal
Alberto Santofimio fue detenido por la fiscalía, tras ser acusado de
haber incitado al extinto narcotraficante Pablo Escobar, líder del cartel
de Medellín, a asesinar a Galán.
”Pablo, mátalo. Si él es presidente te extradita”, había dicho
Santofimio a Escobar, según la acusación formulada por un testigo
presencial, el sicario y ex secretario personal del jefe narco, John Jairo
Velásquez, alias ”Popeye”, quien purga 20 años de prisión desde
1991.
El viernes, Santofimio se declaró inocente de las acusaciones.
Galán tenía como una de sus banderas cumplir con los pedidos de
extradición de narcotraficantes a Estados Unidos, principal mercado de la
droga colombiana.
Por entonces, los jefes narcos aterrorizaban al país con ataques
explosivos y asesinatos, en una campaña destinada a evitar sus
extradiciones. Habían formado el grupo ”Los Extraditables”, cuyo lema
era ”Preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos”.
Santofimio fue ministro de Justicia, senador y presidente de la cámara
baja del parlamento. Hasta mediados de los años 90, integró la dirección
del Partido Liberal, y aspiró varias veces a la candidatura presidencial.
Desde diciembre de 1995, pasó cuatro años en prisión por aceptar
sobornos del cartel de narcotraficantes de Cali, que compraba a políticos
y banqueros.
Partidario entusiasta del actual presidente Álvaro Uribe, Santofimio
pronunció dos semanas atrás un vibrante discurso a favor de la reelección
del mandatario, en presencia del presidente del parlamento, Luis Humberto
Gómez.
Galán fue asesinado en plena plaza pública el 18 de agosto de 1989 en
Soacha, municipio al sur de Bogotá, frente a miles de manifestantes que
lo vitoreaban.
Su familia insistió en que los responsables podían encontrarse en
rivales de su propio partido, vinculados al narcotráfico, y en que debía
investigarse por qué la Dirección de policía judicial (Dijin) y el
servicio de seguridad (DAS) desviaron la pesquisa hacia 17 personas que, a
la postre, resultaron inocentes.
Según sus allegados, dos semanas antes de su muerte, Galán supo de una
reunión celebrada en meses previos entre Santofimio, un parlamentario de
quien Escobar era segundo suplente y un ex banquero al servicio del cartel
de Cali, en la que hablaron de la necesidad de eliminarlo.
El jefe de escoltas del DAS fue trasladado semanas antes del atentado,
indican esas fuentes. Su reemplazante fue escuchado casualmente cuando
sostenía una extraña conversación telefónica en la sede de la campaña,
en vísperas del acto en Soacha.
”Todo está perfectamente coordinado, en las rutas, en los horarios y en
la plaza”, oyeron decir al jefe de escoltas, quien no asistió al día
siguiente a la manifestación, aunque era su deber. En cambio, desapareció,
fue destituido y tiempo después asesinado.
El otro mencionado por el enardecido cortejo fúnebre de Galán era
Hernando Durán, también político liberal ya fallecido, quien en su
juventud se opuso de manera beligerante en el sur del país al régimen
conservador de los años 50, en la primera etapa de una guerra civil que aún
perdura.
Durán ”paulatinamente se plegó a la derecha”, dijo a IPS una amiga
de Galán. El político, no implicado por las declaraciones de Popeye, había
opuesto su precandidatura a la postulación del asesinado.
Según sus partidarios en 1990 se manifestaba a favor del ”derecho a la
autodefensa” contra la guerrilla izquierdista (alzada en armas desde
hace más de 40 años), en referencia a las milicias paramilitares
ilegales.
El último acusado por los dolientes de Galán fue el Morena, por
Movimiento de Restauración Nacional, un partido fundado en 1988 por
narcotraficantes y paramilitares, y que había adherido a Durán. Su
plataforma, calificada por sus críticos como fascista, se oponía a la
reforma agraria y a cualquier diálogo con la guerrilla.
Durante su efímera existencia, el Morena fue avalado por un sector del
Partido Liberal afín a Santofimio.
Quien apareció públicamente entonces a nombre de Morena, un dirigente
liberal llamado Iván Roberto Duque, es hoy portavoz de las paramilitares
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), bajo el alias de Ernesto Báez.
Desde julio de 2004, las AUC negocian con el gobierno de Uribe las
condiciones para su desmovilización. Junto a otros jefes paramilitares,
varios de ellos señalados como capos de la droga, Báez permanece en
Santa Fe de Ralito, sede de las negociaciones, un santuario de 358 kilómetros
cuadrados al noroeste del país.
Sobre la negociación secreta de Ralito se cierne como una espada de
Damocles la extradición de varios paramilitares a Estados Unidos, una práctica
que se vio fortalecida directamente por el asesinato de Galán. Esa misma
noche, en reacción al crimen, el entonces presidente Virgilio Barco
(1986-1990) estableció por decreto las extradiciones por vía
administrativa.
Ahora, la principal condición de los jefes de las AUC para guardar
silencio sobre los civiles que alentaron su formación (ganaderos,
comerciantes, industriales y políticos) parece ser una garantía legal
permanente de que no serán extraditados, según se desprende de
grabaciones de los diálogos de Ralito, publicadas el año pasado por la
revista colombiana Semana.
La decisión final sobre un pedido de extradición recae en el presidente.
El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso --ya desmovilizado, pero
reclamado por la justicia estadounidense para juzgarlo por narcotráfico--,
tiene en suspenso una orden firmada por Uribe, que se haría efectiva sólo
en caso de que aquél retomara las armas.
La extradición también estaría frenando la aprobación parlamentaria
del marco legal para la desmovilización de las AUC, exigido nuevamente el
sábado en Bogotá por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, Louise Arbour, al culminar su visita de tres días a
Colombia.
El visto bueno de la oficina de Arbour es crucial para que la comunidad
internacional provea de recursos adicionales de cooperación civil al
gobierno de Uribe, cuya masiva ofensiva contra la guerrilla es criticada
internamente por no mostrar resultados, pese al respaldo financiero y
militar de Estados Unidos.
El artículo 64 del proyecto de marco legal, denominado por el gobierno de
”Justicia y Paz”, hubiera permitido eludir las extradiciones, al
otorgar estatus político a los crímenes de los paramilitares. La ley
prohíbe extradiciones por motivos políticos.
Pero el artículo fue rechazado en el debate en comisiones el 11 de abril,
y desde entonces, el gobierno no logra poner fin a una súbita pereza
legislativa que se apoderó de la bancada oficialista, mayoritaria en el
parlamento.
Según Mancuso, treinta y cinco por ciento de los legisladores apoyan al
paramilitarismo.
Dieciséis años después de la muerte de Galán, Popeye dijo el 5 de mayo
a los fiscales que decidió inculpar a Santofimio porque estaba
arrepentido y porque quienes fueron sus principales enemigos están
muertos o presos en Estados Unidos, como los hermanos Gilberto y Miguel
Rodríguez Orejuela, ex jefes del cartel de Cali, extraditados en los últimos
meses.
Después de escuchar los descargos de Santofimio, la unidad de derechos
humanos de la fiscalía tendrá como plazo esta semana para decidir si
mantiene detenido al acusado o lo deja libre. ( (FIN/2005)
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