| Estados
Unidos: ¿Quiénes somos?
Por
más de tres años y medio desde que los ataques terroristas contra el
World Trade Center y el Pentágono, el Congreso ha sido abandonado en su
deber para afirmar su control sobre los campos de prisioneros creados por
el presidente Bush bajo las sombras más allá de la Constitución, el
Imperio de la Ley y medio siglo de leyes y tratados internacionales. Así
que fue un alivio observar la audiencia esta semana con el Comité
Judicial del senador Arlen Specter sobre el campo de prisión [prison camp]
en la Bahía de Guantánamo, Cuba, y escuchar a Specter declarar que era
el momento para que el Congreso haga su trabajo y traiga a las cadenas de
campos de prisión estadounidenses bajo la ley.
Mientras
que la audiencia fue demasiado lenta en llegar, su momento fue útil –
un día luego de que Donald Rumsfeld, Secretario de Defensa, quien debió
haber sido despedido por su forma inepta en la guerra de Irak y por el escándalo
de abuso en la prisión, ofreció la declaración bizarra de que
“ninguna instalación de detención en la historia de la guerra ha sido
más transparente” [”no detention facility in the history of warfare has been more
transparent”]
que Guantánamo.
Rumsfeld
parece estar confundiendo la transparencia con la invisibilidad. En la
audiencia, cuatro oficiales militares y civiles que supervisan el
procesamiento de los prisioneros en Guantánamo no pudieron, o no
quisieron, proveer la información más básica – tal como cuántos
detenidos hay y los países de donde vienen.
El
Teniente Comandante [Lt. Cmdr.]
Charles Swift, un abogado militar, posteriormente testificó de manera
valiente que fue asignado para representar a uno de los prisioneros en
Guantánamo, con el sólo propósito de conseguir una declaración de
culpabilidad [guilty plea].
El proveyó una orden escrita que contradecía las negativas de un hombre
que hizo la misión, el General de Brigada [Brig. Gen.]
Thomas Hemingway, quien supervisa los tribunales militares que creó Bush
luego del 11 de septiembre a fin de monitorear a prisioneros selectos
lejos del escrutinio público y judicial.
William
Barr, quien fuese procurador general [attorney
general]
para el presidente George H. W. Bush, arrogantemente rechazó por completo
el debate como una pérdida de tiempo. “Raramente he visto una
controversia que cuenta con tan poca substancia detrás de ella,” [”Rarely
have I seen a controversy that has less substance behind it”]
dijo Barr, quien fue enviado por la administración para atenuar un panel
de críticos de la política sobre la prisión.
Pero
la audiencia sólo confirmó la urgencia para someter el sistema de
detención post-9/11 al imperio de la ley – empezando con la invención
legalmente dudosa del presidente de “combatiente enemigo fuera de la ley”
[”unlawful enemy combatant”]. J. Michael Wiggins, un subprocurador general asociado , dijo que la
administración cree que podría retener a quien se le haya dado el título
anterior “a perpetuidad” sin que incluso hubiese cargos levantados.
Perdónenos Barr, pero esto suena como algo de gran substancia,
especialmente dado cuán mal es la administración al dilucidar entre los
villanos reales de los conductores de taxi que estaban en el lugar
equivocado en el momento equivocado.
La
administración debería, como un primer paso, cerrar la prisión de Guantánamo.
Mas allá de eso, Specter estaba en lo cierto cuando dijo que el Congreso
debe establecer definiciones legales de detenidos en los casos de
operaciones antiterroristas, emitir reglas para su internamiento y
determinar sus derechos bajo las Convenciones de Ginebra y el derecho
estadounidense, incluyendo los tipos de evidencia que pueden ser
utilizados en su contra. Esos pasos ayudarían a reparar un sistema en
donde los prisioneros han sido declarados combatientes enemigos con base
en confesiones extraídas por medio de la tortura por los países que
trabajan a favor de los servicios de inteligencia de Estados Unidos.
La
administración Bush asegura que 9/11 cambió las reglas y requirió la
intervención de nuevos tipos de prisiones y procedimientos legales.
Incluso si aceptamos esa premisa inconsistente, corresponde al Congreso
hacer nuevas reglas en una forma que preserve los estándares
estadounidenses. La sistema actual – en donde ideólogos nombrados de
manera política hacen las reglas tras puertas cerradas – ha hecho un daño
inmenso a la imagen de la nación e incrementa el riesgo para cada
estadounidense en uniforme.
Un
juicio “dice tanto sobre la sociedad que lo lleva a cabo como lo hace
sobre el individuo ante él,” [”says as much about the
society that holds the trial as it does about the individual before it” ],
recordó el Comandante Swift al Senado. “Nuestros juicios en Estados
Unidos reflejan lo que somos.” [”Our
trials in the United States reflect who we are”].
Los campos de detención deben encontrar, y no menos, tal estándar.
Editorial,
“Who We Are,” New York Times, 18 de junio, Traducción
al castellano © EnkiduMagazine.com
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