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Otro destino para la
hoja de coca
Por Franz Chávez
LA PAZ, 07/01/005 (IPS) - Penalizada en el contexto internacional,
destruida a fuerza de azadón y machete en Bolivia, pero venerada por las
culturas andinas, la hoja de coca busca nuevo destino bajo el primer
gobierno indígena de esta nación, presidido por el líder cocalero Evo
Morales, que asumirá el mando el 22 de enero.
El nuevo gobierno tiene interés en modificar la política antidroga
expresada en la Ley 1008, despenalizar el cultivo sin que ello signifique
una liberalización, y excluirlo de la lista de productos que hacen daño
a la salud, aprobada por la Convención de Viena, dijo a IPS el asesor del
presidente electo y posible ministro de gobierno, Juan Ramón Quintana.
Empleada como infusión y para rituales indígenas, la coca (Erythroxylon
coca) es reconocida en territorio boliviano y en la zona andina, pero en
el exterior es un estupefaciente prohibido, aunque para alcanzar ese grado
necesita un largo proceso químico en asociación con otros componentes
que la convierten en cocaína.
Cientos de cultivadores de coca cantan victoria por estos días, tras la
histórica elección por mayoría absoluta de su líder, el sindicalista
indígena Evo Morales, quien obtuvo un millón y medio de votos,
equivalente a 53,4 por ciento, en los comicios del 18 de diciembre.
Una de las principales propuestas de la campaña de Morales fue la
legalización de la hoja de coca, en un desafío a las directrices
antidroga de Estados Unidos que ha realizado esfuerzos por acabar con el
cultivo excedente en la zona central de Bolivia, el Chapare, donde la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) presume la existencia de unas
18.000 hectáreas plantadas.
El cultivo de coca sólo está autorizado en la zona semitropical de los
Yungas, departamento de La Paz, pero con un límite de 8.000 hectáreas
para el consumo tradicional de masticación en zonas rurales, infusión y
en rituales indígenas.
En los últimos años, la plantación excedente de coca concentró la
atención del gobierno estadounidense que movilizó recursos financieros y
apoyo técnico para reemplazarla por cultivos alimenticios, acompañados
de una importante asistencia militar dirigida a combatir el narcotráfico.
En 1971, la ONU adoptó el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas, y en
1988, la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y
Sustancias Sicotrópicas, ambos en la ciudad de Viena.
A fines de los años 80, la ONU consignó a la hoja de coca como sustancia
controlada, y simultáneamente en Bolivia se identificaron zonas legales y
prohibidas para su cultivo, una medida que abrió paso a campañas de
destrucción a cargo de policías y militares con apoyo estadounidense.
En 1980, según archivos periodísticos, el Chapare era el centro de los
cultivos ilegales con una extensión histórica de 45.000 hectáreas, y al
finalizar el segundo mandato del ex dictador Hugo Banzer (1971-1978 y
1997-2001), se estimaba la existencia de unas 6.000 hectáreas.
Ahora, los cálculos sobre la superficie cultivada en esa zona difieren
mucho. Mientras la ONU habla de 18.000 hectáreas, fuentes diplomáticas
estadounidenses dijeron a IPS que existían 5.800 hectáreas, con una
marcada tendencia al incremento.
Durante el gobierno de Carlos Mesa, entre octubre de 2003 y junio de 2005,
los cultivadores de coca representados políticamente por el entonces
diputado Morales y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), lograron
una concesión cuestionada por Estados Unidos: la libertad para cultivar
una superficie de 40 metros cuadrados por familia.
El permiso de plantar en aquella superficie denominada "cato"
alivió las tensiones que habían alcanzado el mayor grado de violencia
durante los gobiernos derechistas de Banzer y de su sucesor Jorge Quiroga
(2001-2002).
A partir de esa medida de Mesa nació una política apoyada por el MAS y
que constituye la base de una futura estrategia sobre la coca, a completar
con un estudio sobre la demanda del vegetal que será financiado por la
Unión Europea, explicó Quintana.
La viabilidad de una política flexible con la coca sólo será posible si
la nueva administración reemplaza la actual ayuda de Estados Unidos y
Europa con el apoyo de gobiernos solidarios con su causa, dijo a IPS el
director del Centro Latinoamericano de Investigación Científica,
Franklin Alcaraz del Castillo, especializado en fármacodependencia.
La economía boliviana es muy dependiente de la cooperación internacional,
y el déficit fiscal, estimado en 1,5 por ciento del producto interno
bruto (PIB) de 8.000 millones de dólares, es cubierto con donaciones y préstamos.
Sólo Estados Unidos concede anualmente donaciones por 150 millones de dólares.
De ese monto se destina una tercera parte a la lucha antidroga y el resto
se invierte en la creación de oportunidades para los cultivadores de la
coca, el desarrollo económico de otras regiones, salud pública y apoyo a
iniciativas democráticas.
La lucha militar y policial contra las drogas es cubierta con recursos
estadounidenses que financian las operaciones de helicópteros, aviones y
equipos de navegación fluvial.
Ante una opinión contraria de Estados Unidos y Europa a la legalización
de la coca, Morales se presenta como un mandatario de un país pobre, con
poca influencia política en el contexto internacional y en un escenario
donde el vegetal ya está clasificado entre las sustancias prohibidas,
explicó Alcaraz del Castillo.
Esta semana, el mandatario electo se entrevistó con los presidentes Fidel
Castro, de Cuba, Hugo Chávez, de Venezuela, y José Luis Rodríguez
Zapatero, de España, como parte de una gira que continúa por otros países
europeos y concluirá con una visita al mandatario brasileño Luiz Inácio
Lula da Silva el 13 de este mes. El día 17, Morales también se reunirá
con el gobernante argentino Néstor Kirchner.
El propósito es ganar respaldo financiero internacional que equilibre la
balanza frente a la influyente cooperación estadounidense, aunque
Washington se anticipó a dialogar con el presidente electo a través de
su embajador en La Paz, David Greenlee, en un encuentro cuyo contenido no
fue divulgado.
Quintana también anunció una gestión gubernamental orientada a cambiar
el espíritu de la Ley 1008, que niega la presunción de inocencia a las
personas investigadas por supuesto delito de tráfico de drogas.
"Esta ley violenta el derecho ciudadano y se convirtió en
herramienta de naturaleza política para frenar a los movimientos sociales",
dijo Quintana en referencia al cuerpo legal que llevó a prisión a
decenas de personas por su presunta participación en el narcotráfico,
inclusive cultivadores indígenas.
(FIN/2006)
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