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Más presos en Cuba
por motivos políticos en 2005
Por Patricia Grogg
LA HABANA, 11/01/2006 (IPS) - Los arrestos por motivos políticos en
Cuba continuaron aumentando durante 2005, dijo una organización opositora
que también admitió un "cuadro positivo" en materia de
derechos a la salud, la educación y a la seguridad y asistencia sociales.
"Para decir las cosas como son, ciertamente esos derechos están
garantizados", dijo a IPS Elizardo Sánchez, presidente de la Comisión
Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), organización
no reconocida por el gobierno que emite cada seis meses un informe sobre
la situación humanitaria en este país.
El reporte, que comenzó a circular el martes en La Habana, indica que en
comparación con el primer semestre de 2005 la cantidad de personas que
guardan prisión "por motivos políticos" creció de 306 a 333
"casos documentados".
Las autoridades cubanas rechazan que esos encarcelados sean presos políticos
y los catalogan de contrarrevolucionarios, mientras consideran a los
opositores "mercenarios" a sueldo del "imperio"
envueltos en planes para desestabilizar a Cuba.
El estudio de la CCDHRN estima que el "aumento neto" de las
detenciones "es coherente con el sostenido empeoramiento de la
situación de derechos civiles, políticos y económicos de Cuba,
especialmente durante el pasado año, en que fueron condenadas o
procesadas otras 53 personas" por esas causas, reseñó el documento.
El informe incluye los nombres de las 333 personas que cumplen sanción o
se encuentran a la espera de juicio, con fecha de arresto, cargos que se
les imputan y condenas, en el caso de que las tengan.
Según el informe, la organización internacional de derechos humanos
Amnistía Internacional, con sede en Londres, considera prisioneros de
conciencia a 80 presos cubanos, cuyos nombres se incluyen en una lista
anexa. El grupo comprende a los 75 opositores condenados en 2003 a severas
condenas bajo cargo de conspirar con Washington para desestabilizar al país.
La lista menciona a 12 excarcelados por razones de salud que, de acuerdo
con la "licencia extrapenal" que se les aplica, "siguen
cumpliendo sus altas condenas y pueden ser regresados a prisión en
cualquier momento sobre la base de una simple decisión policial", señaló
Sánchez.
En similar situación se encuentran cuatro ciudadanos en libertad
condicional, que "por la propia vulnerabilidad en que se encuentran
es razonable seguir considerándoles como personas que cumplen condenas
por motivos de conciencia", consideró el informe de la CCDHRN.
La liberación en diciembre pasado de Mario Enrique Mayo elevó a 15 los
opositores del grupo de 75 presos que han sido liberados con licencia
extrapenal, de los cuales tres fueron autorizados a salir de Cuba en 2005:
Raúl Rivero, Manuel Vásquez y Osvaldo Alfonso.
La Comisión afirmó que durante el segundo semestre de 2005 se hizo más
evidente la tendencia a encarcelar disidentes bajo el cargo de "peligrosidad
predelictiva", que permite penas de hasta cuatro años de prisión.
Esta figura, "por su propia definición, no supone que la persona
cometa un delito específico para ser encarcelado luego de un proceso muy
sumario, siendo suficiente que la policía considere que dicha persona
pudiera cometerlo en el futuro", explica la Comisión.
En la lista de detenidos figuran los salvadoreños Raúl Ernesto Cruz León
y Otto René Rodríguez Llerena, sentenciados a pena de muerte por
terrorismo en 1998, y cuyos casos aún se encuentran pendientes de apelación
ante el Tribunal Supremo.
Ambos ciudadanos estuvieron involucrados en varios atentados con bombas
contra instalaciones turísticas cubanas, uno de los cuales costó la vida
al joven italiano Fabio Di Celmo.
Un tercer caso pendiente de aplicación de la pena capital mencionado por
la Comisión es el de Humberto Eladio Real Suárez, arrestado el 15 de
octubre de 1994 y enjuiciado por actos contra la seguridad del Estado,
asesinato y disparo de armas de fuego.
La Comisión consideró que los "actos de repudio" realizados
por partidarios del gobierno contra opositores en el período de seis
meses observado constituyen "una forma parapolicial de represión e
intimidación contra pacíficos disidentes que se atreven a expresar su
desacuerdo con la situación que prevalece en Cuba".
Luego del discurso del presidente Fidel Castro del 26 de julio, "han
tenido lugar más de medio centenar de estos actos represivos, y es muy
posible que sigan ocurriendo a lo largo de 2006", indicó el informe
de la Comisión, firmado por Sánchez y Carlos J. Menéndez.
En esa ocasión, el mandatario cubano advirtió que el pueblo respondería
"cuantas veces sea necesario" a lo que consideró provocaciones
de "traidores y mercenarios" envueltos en los planes del
presidente estadounidense George W. Bush para promover la subversión en
Cuba.
"Los jefes de la Oficina de Intereses (de Estados Unidos en Cuba,
SINA, por sus siglas en inglés), han asumido directamente la jefatura de
los grupos mercenarios a los que, por diversas vías y pretextos,
suministran elevados ingresos personales en divisas convertibles",
afirmó Castro.
La SINA ha negado, en más de una ocasión, tales cargos y afirma que el
apoyo de esa oficina a los "activistas cubanos a favor de la
democracia" consiste en facilitar el acceso a información sin
censura y a la red mundial de computadoras (Internet) y la realización de
videoconferencias sobre transición política.
"La publicitada disidencia o supuesta oposición no existe más que
en la mente calenturienta de la mafia cubano-americana y de los burócratas
de la Casa Blanca y el Departamento de Estado", insistió Castro en
su discurso por el Día de la Rebeldía Nacional.
La CCDHRN confecciona sus informes cada seis meses a partir de la
confirmación de cada caso con fuentes familiares.
En esta oportunidad, por primera vez en muchos años, reconoció Sánchez
a IPS, el estudio matiza su análisis de la situación del país y
reconoce que "el gobierno de Cuba continúa garantizando ciertos
servicios sociales en virtud de los cuales es notorio y plausible que
existen escuelas y maestros para todos los niños".
A la vez, "cuando un ciudadano tiene problemas de salud, puede
acceder a un médico de manera relativamente expedita, a pesar de las
persistentes limitaciones en cuanto a materiales escolares, medicamentos y
otros medios", señaló.
La Comisión viene solicitando su registro legal en Cuba desde 1987. En
1990 recibió el Premio por la Libertad de Expresión de la Sociedad
Interamericana de Prensa, y en 1991 el Premio Internacional de la
organización Human Rights Watch, con sede en Nueva York. (FIN/2006)
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