Señoras y Señores.
Amigas y amigos todos:
A medida de que se aproxima la fecha en que
se cumplen cinco años de la muerte de la defensora de
derechos humanos, Digna Ochoa y Plácido, cobra mayor
relevancia el valor de las ideas, la trascendencia de las
convicciones, y la esperanza de que la justicia encuentre en
el respeto a los derechos humanos y en el debido proceso, los
principios para una conducción normativa de carácter democrática.
La celebración del décimo tercer
aniversario de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal (CDHDF), no solamente representa una fecha de alto
significado para nuestra vida institucional, sino
principalmente, constituye una nueva oportunidad, para evocar
y reconocer la labor que han emprendido mexicanas y mexicanos
de buena fe, por alcanzar una sociedad que encuentra en la
institucionalización de los derechos humanos, la vía más
adecuada para garantizar condiciones plenas de libertad y de
justicia.
Los movimientos estudiantiles y sociales de
los sesenta y setenta, los que emergieron como consecuencia de
la llamada guerra sucia, del déficit democrático en el
ejercicio del voto, de la precaria respuesta gubernamental
ante la catástrofe natural de 1985, de la lucha por la
democracia y de la observación electoral de fines de los
ochenta y principios de los noventa, entre otros procesos,
conformaron precedentes que revitalizaron el papel y la posición
de la sociedad civil frente al Estado, y configuraron la
amplia conciencia colectiva que nos distingue actualmente, y
que encuentra en la defensa y protección de las libertades y
derechos humanos, la bandera de identidad, de encuentro y de
proyección hacia el futuro.
II. EJES RECTORES.
La CDHDF, del mismo modo que otros
organismos públicos de derechos humanos (OPDH), no sólo
representa una síntesis histórica de una reivindicación
colectiva, también constituye uno de los canales
institucionales que contribuye a la construcción de una
democracia que debe hacer posible el ejercicio de derechos
a quienes habitan y transitan en la ciudad de México.
La autonomía que goza este OPDH, es
resultado de las convicciones democráticas de la sociedad, de
la voluntad política de diversas instancias gubernamentales y
sello de esta administración. Configura un principio
básico en la organización de un Estado democrático de
derecho, representa para la CDHDF, la norma eficaz de actuación
frente al poder público, así como la condición esencial
para edificar las bases del acuerdo democrático en el
Distrito Federal.
A través de este principio, la CDHDF no
solamente tiene las facultades necesarias para deliberar y
autodeterminarse en su régimen interno, sino además,
adquiere la capacidad reconocida por la sociedad para
intervenir activamente en la defensa y promoción de los
derechos y la dignidad de las personas.
La autonomía se convierte para las
instituciones democráticas, y evidentemente para la CDHDF, en
el principio de gestión pública que permite coadyuvar, bajo
una regla de corresponsabilidad, en la gobernabilidad democrática
en la ciudad de México.
Sin embargo, la autonomía no es suficiente.
Los procesos de ciudadanización y profesionalización que
hemos impulsado en la Comisión durante los últimos años,
han sido ejes determinantes para conformar y mantener vigente
la independencia de éste OPDH.
La ciudadanización que se concibió para
distintos entes públicos, que en los últimos años se ha
visto amenazada, no puede ni debe ser interpretada, como un
sinónimo de parcialidad, puesta al servicio de los gobiernos
o de los poderes fácticos. Debe entenderse como característica
básica e indispensable de este tipo de instituciones del
Estado mexicano
La ciudadanización configura el reclamo y
las aspiraciones legítimas de una sociedad cada vez más
libre y plural, en el espacio público. Así como expresa la
voz de los representantes de las organizaciones sociales,
civiles, académicas y de los medios de comunicación, también
se convierte en el factor de decisión de carácter imparcial,
que resuelve, bajo un esquema de consenso, los asuntos que
antes sólo estaban reservados para los gobiernos (en
particular los poderes ejecutivos) y los partidos políticos.
Quizá la contribución más importante de
la ciudadanización a la democracia, sea precisamente aquella
en donde la vocación de servicio antepone la certeza, la
imparcialidad, la objetividad y el profesionalismo, en cada
uno de los actos y en cada una de las decisiones que incide
particularmente sobre el interés general.
La profesionalización constituye el otro
principio que guía las tareas de la CDHDF. Con el diseño e
implementación del Servicio Profesional en Derechos Humanos (SPDH),
no solamente se contribuye a la calidad y la especialización
del servicio público orientado a la defensa, promoción,
educación e investigación de los derechos humanos, sino que
se fortalece la estabilidad necesaria en la gestión pública
cuando se experimentan procesos de alternancia política y
gobiernos divididos.
Por primera vez en su historia la CDHDF no sólo
cuenta ya con un servicio profesional, sino que ha iniciado un
proceso de ingreso mediante concurso público para ocupar 54
plazas vacantes. Buscamos por esta vía incrementar el capital
de confianza de la ciudadanía en la Comisión, y conseguir
que las personas que ocupen estos puestos tengan el más alto
estándar y perfil.
Que existan instituciones de Estado en
materia de derechos humanos es ya un paso importante, pero
contar con servidores públicos cuya función sea precisamente
ésta es aún más destacable. Un hecho de esta naturaleza era
impensable en 1968.
III. REFORMA POLÍTICA Y DDHH.
De cara al futuro político del país y de
la ciudad, se hace indispensable considerar que un Estado
democrático de derecho sólo es viable cuando su andamiaje
normativo e institucional, adquiere un carácter dinámico
ante el cambio, cuando su capacidad de respuesta aumenta en
función de las demandas sociales de combate a la exclusión y
la pobreza y cuando responde eficazmente para salvaguardar la
libertad, la seguridad, la igualdad jurídica, la no
discriminación, y el acceso equitativo a la administración
de la justicia.
Sin embargo, edificar una auténtica
democracia en la que se respeten los derechos en la Ciudad de
México, no se puede hacer al margen de una profunda reforma
política que otorgue un nuevo marco jurídico.
La reforma política que se promueva bajo un
amplio esquema de negociación parlamentaria y consenso
ciudadano, debe, por lo menos, considerar la aprobación de
una Constitución Política Local, que establezca un nuevo
equilibrio entre los poderes federales y del Distrito Federal,
y siente bases constitucionales de origen que permitan generar
óptimas condiciones para garantizar el pleno respeto y
protección de los derechos humanos de los habitantes del
Distrito Federal.
La Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal buscará, dentro del ámbito de su
competencia, ser un decisivo actor en este proceso.
IV. PRIORIDADES INSTITUCIONALES.
La CDHDF continuará trabajando en la
segunda etapa de la presente administración, bajo un modelo
de gestión pública en derechos humanos, que además de
considerar como principios de acción institucional la autonomía,
la ciudadanización, el profesionalismo, la transparencia, la
rendición de cuentas, la integralidad y la incorporación de
los estándares internacionales de derechos humanos, incorpora,
como propósitos institucionales de segunda generación,
procesos de consolidación institucional mediante la
autosuficiencia, la permanencia y la replicabilidad de su
modelo, con especial énfasis en los planos normativo y
operativo.
Bajo este renovado modelo de gestión
institucional, la CDHDF enfrentará con determinación las
circunstancias y condiciones de desventaja que todavía
limitan el ejercicio de los derechos humanos en la Ciudad de México.
La Comisión, de acuerdo con un enfoque
estratégico y atendiendo el amplio mandato de ley,
desarrollará su labor con especial énfasis en las siguientes
prioridades.
1. DEMOCRACIA Y
DERECHOS HUMANOS. Para alcanzar una auténtica
democracia de derechos al servicio de todas y todos, es
necesario que la dignidad humana se convierta en el fin
esencial del Estado. En la medida en que los derechos humanos
se conviertan en el fundamento y propósito de la democracia,
se podrán alcanzar condiciones sustentables de justicia y
civilidad democrática. Hoy más que nunca la mancuerna
democracia y derechos humanos debe ocupar la centralidad del
quehacer político. La consolidación democrática del país y
la entidad necesariamente pasa por esta vía.
2. SEGURIDAD Y
JUSTICIA. La seguridad pública,
la procuración, administración e impartición de justicia,
continúan siendo aspectos pendientes por resolver en la
Ciudad de México. Debe promoverse la implementación de un
modelo con una amplia participación de la sociedad, y bajo un
enfoque de carácter garantista, con el cuál, se pueda
salvaguardar la seguridad jurídica y el debido proceso para
todas las personas.
3. NO DISCRIMINACIÓN.
A pesar de que la Ciudad de México es un espacio de
diversidad y encuentro por excelencia, la discriminación
continúa siendo una actitud y una práctica recurrente dentro
de la convivencia social. Aún persiste la intolerancia, la
exclusión y la violencia hacia sectores de población que se
encuentran en condiciones de desigualdad social o bajo
situaciones de vulnerabilidad, particularmente, en esta
materia, destaco el tema de los jóvenes, por la alta
vulnerabilidad en la que pueden encontrarse cotidianamente.
Resulta impostergable construir en el corto
plazo, no sólo una agenda de protección integral de derechos
humanos, sino además, avanzar hacia el diseño de una política
pública de no discriminación, que promueva condiciones de
igualdad de oportunidades y trato solidario con los demás. En
este sentido, es indispensable que el ser humano sea concebido
como un agente portador de derechos, independientemente de su
raza, color, origen étnico, ideología, preferencia sexual y
posición política. Esperamos que la próxima entrada en
vigor de la Ley para erradicar y prevenir la discriminación
en el D.F entre en marcha para coadyuvar a ese fin.
4. DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES (DESCA). Por otro
lado, el ejercicio de los DESCA, representa también una
condición imprescindible para enfrentar y superar la pobreza,
la exclusión y la desigualdad que padecen importantes
sectores de la población. Nadie puede negar que una raíz del
conflicto que hemos vivido, está en esa profunda desigualdad
y agravios. Hagamos caso de esa exclusión histórica hacia
los pobres, quienes son a los que más se les violan sus
derechos humanos.
Cada vez resulta más evidente que la
democracia política necesita como base una democracia
socioeconómica. Es imprescindible avanzar en la construcción
de la ciudadanía social.
No se debe soslayar que el derecho al
desarrollo, no solamente constituye una respuesta integral a
los DESCA, sino además, es una atribución que corresponde a
los valores globales de la democracia, la igualdad, la
solidaridad y la no discriminación.1
La CDHDF considera indispensable que los
DESCA sean concebidos como derechos universales, indivisibles,
interdependientes y complementarios a los derechos civiles y
políticos. En la medida en que se alcance este principio de
integralidad, los términos de gobernabilidad en la Ciudad de
México y en el país, descansarán en un modelo institucional,
cuya legitimidad, se funda en la defensa de los derechos
humanos, la democracia y el desarrollo humano.
5. POLÍTICA PÚBLICA
EN DERECHOS HUMANOS. Para
enfrentar estos desafíos resulta indispensable el diseño,
implementación e impulso de aquellas políticas públicas que,
además de garantizar mejores condiciones de bienestar social
y desarrollo humano, comprometan esfuerzos y recursos, para
una atención más eficaz de las demandas sociales, con la
centralidad de los derechos humanos y con una amplia visión
de Estado.
6. ORGANISMOS PÚBLICOS
DE DERECHOS AUTÓNOMOS. La consolidación del modelo
institucional no persigue otro propósito, sino continuar
trabajando más allá del relevo normativo de las personas y
servir de ejemplo para reproducir paradigmas similares en
otros organismos públicos de derechos humanos.
V. REFUNDACION EN DEFENSA.
En esta ocasión quiero detenerme para
comunicarles un proceso de la mayor importancia. Con el propósito
de proseguir avanzando por el camino del fortalecimiento
institucional, el pasado 1° de octubre, la CDHDF inició un
nuevo proceso refundacional para la institución en materia de
defensa y protección de los derechos humanos.
Derivado del incremento de las quejas de los
últimos años, y como parte del proceso mediante el cual se
generó, tanto el Sistema de Atención a Peticionarios (SIAP),
como el nuevo Catálogo de Calificación e Investigación de
Violaciones a los Derechos Humanos, el Consejo de la CDHDF
aprobó, por unanimidad, la propuesta de esta Presidencia,
para abrir dos nuevas Visitadurías, cuya labor estará
encaminada fundamentalmente, a fortalecer nuestro Programa
Institucional de Defensa de Derechos Humanos.
Para hacer esto realidad de llevó a cabo,
no sólo un proceso administrativo, sino una serie de
complejos y simultáneos procesos institucionales con el fin
de reorganizar de fondo la labor de la Comisión en esta
materia.
Con la disponibilidad presupuestal aprobada
por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la CDHDF
podrá garantizar con este nuevo diseño organizacional, la
especialización de las tareas de cada una de las Visitaduría.
Además, tendrá la capacidad para asegurar una atención más
personalizada a cada una de las autoridades del gobierno de la
Ciudad de México con las que se trabaja regularmente.
De esta manera, se acelerará también el
uso de los instrumentos internacionales de derechos humanos
que, de acuerdo a nuestra constitución, son ley de la República.
La organización de trabajo queda entonces de la siguiente
manera:
Los
Martes de Enkidu
Febrero 2007
