Asesinato político

© Laura Castillo García/Enkidu

Tres semanas han transcurrido desde el homicidio de Jorge Obispo Hernández, colaborador del dirigente nacional de Antorcha Campesina, a manos de tres asesinos a sueldo que en ningún momento pretendieron ocultar su crimen y, ni el Ministerio Público, ni las autoridades políticas del país han dicho esta boca es mía [no se han manifestado sobre el asunto, N/Enkidu]. Y es que no se puede decir que la Secretaría de Gobernación haya respondido realmente a un asunto tan grave cuando lo único que ha dicho –a 21 días y sólo a través del Director de Concertación Social, Luis Carlos Migliavacca Monroy– es que ¡se sigue investigando!

Jorge Obispo Hernández, miembro de Antorcha Campesina que fue ultimado el 1° de julio pasado. (foto © Antorcha Campesina)

Como se recordará, el pasado 1° de julio, día en que cualquier mensaje político se magnificaba por ser la víspera de la elección presidencial, tres sicarios irrumpieron en el domicilio particular del líder nacional antorchista, Aquiles Córdova Morán, y a plena luz del día, hicieron seis disparos de pistolas 9 mm en contra del joven de origen náhualt Jorge Obispo Hernández, a quien se presume ultimaron estando él de rodillas por el balazo que tenía en la espalda así como por la posición en que fue encontrado el cadáver.

Lo que le confiere al asesinato de Obispo Hernández el carácter de político es que el joven de 23 años recién se había incorporado como asistente de Córdova Morán; que se encontraba el 1° de julio en el domicilio particular de éste, pues de ordinario lo acompañaba a sus actividades; que se realizó alrededor de las 14:30 Hrs. con estruendo y alarde de protección, pues la policía del municipio de Naucalpan, Estado de México, no hizo nada por detenerlos, pese a las denuncias vecinales; y porque se llevó a cabo en el domicilio particular de quien, a nivel nacional, dirige la organización que desde hace dos años mantiene una protesta pública, en la Plaza de Armas de la ciudad de Querétaro, por el encarcelamiento político de dos de sus dirigentes y contra la política social del Gobierno de ese estado, vinculado con la ultraderechista organización nacional de El Yunque, caracterizada por el menosprecio a la vida democrática e institucional del país y por la utilización de la violencia para “ablandar” a sus adversarios políticos.

En otros crímenes políticos, como el de los activistas por los derechos humanos Digna Ochoa y Octavio Acuña Rubio, los asesinos intelectuales y materiales apuestan al silencio, a la desmemoria de la sociedad, a la impunidad o a la “ineptitud” de las autoridades para indagar, identificar, localizar a los culpables y sancionarlos. Y ganan.

Pero, tercos como son, seguramente los antorchistas no permitirán que se olvide este asesinato político y con los recursos a su alcance, exigirán el esclarecimiento y castigo a los culpables. Así, todos los que estamos convencidos de la necesidad de poner fin a los asesinatos políticos debemos aprestarnos a apoyarlos pues, de lo contrario, en los hechos estaremos consintiendo la anulación de los Derechos Humanos en el país. Los luchadores sociales, sus organizaciones y sus líderes quedarían en un estado de indefensión, y estaríamos firmando un cheque en blanco a las corrientes políticas que pretendan acabar con sus opositores a través de la violencia y el terror.

En principio, todos aceptamos que la justicia no puede ejercerse discrecionalmente. Si alguien ordenó o asesinó personalmente a algún adversario político, debe alcanzarlo la justicia y caer sobre él todo el peso de la ley. No obstante, las dilaciones mostradas tanto por la Secretaría de Gobernación como por el Ministerio Público apuntan a una oscura pretensión de que ese crimen nunca sea esclarecido y, por tanto, de que tampoco sean sancionados sus responsables reales. La sospecha de que existe un sustrato político que espera que los asesinos de Obispo Hernández se amparen en un Estado de impunidad, quedaría más que probado si, luego que los criminales no robaron nada, ni “movieron ni un libro ni un florero”, el Ministerio Público pretendiera darle un vuelco a la investigación con el pretexto de que se trata de un crimen del orden común. Si esto sucede, quedaría al desnudo el discurso oficial sobre el "Estado de Derecho" del que el Gobierno federal ha hecho incansables panegíricos. Todavía está a tiempo de demostrar que su discurso es congruente con sus acciones.

* Laura Castillo García es Secretaria General de la APN Humanista Demócrata José María Luis Mora

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