Sin lugar para los socialistas en Malasia
Por Baradan Kuppusamy

KUALA LUMPUR, 23/08/2006 (IPS) - En una habitación diminuta y oscura del miserable suburbio de Brickfields, al sur de Kuala Lumpur, un pequeño grupo de ciudadanos malasios se reunieron para llorar otra derrota de la democracia: la justicia se negó a registrar un partido socialista.

Entre los congregados allí había estudiantes, obreros, ocupantes ilegales de viviendas y sindicalistas. Esa pequeña habitación es la sede nacional del Partido Socialista de Malasia.

"No abandonaremos el socialismo", dijo un estudiante. "Este es un fallo estúpido. Hasta los máximos jueces se han vuelto muy ingenuos políticamente."

El joven se refería a la sentencia de un tribunal superior que confirmó la negativa del gobierno a registrar el partido, que se convirtió así en una organización ilegal.

El gobierno alegó razones de "seguridad nacional" su decisión. El tribunal no aceptó ese argumento, pero esgrimió tecnicismos para darle, en definitiva, la razón al Poder Ejecutivo.

"Luchamos por el reconocimiento durante una década. Tenemos miles de afiliados, nos hemos presentado a tres elecciones generales y somos internacionalmente reconocidos", dijo a IPS el secretario general del partido, S. Arulchelvam.

"Pero en Malasia nos ilegalizan. Somos tratados como parias, cuando la Constitución claramente garantiza la libertad de asociación", se lamentó.

"Se nos ha negado nuestro derecho a representar al pueblo en un sistema democrático", señaló Arulchelvam, académico y acupunturista. "Las razones para no registrar al partido son claramente políticas. ¿Por qué nos temen tanto?".

Ahora el partido apelará la decisión ante el Tribunal Federal, el de mayor jerarquía del país.

"Nuestros afiliados están profundamente desilusionados", declaró a IPS el presidente del partido, Nasir Othman. "Continuaremos luchando, en los tribunales o en las calles, hasta que ganemos."

La decisión judicial del día 16 se conoció en un momento crucial para los socialistas, que contaban con el registro oficial para comenzar a prepararse rumbo a las próximas elecciones generales, previstas para fines de 2008.

"Al rechazar el registro, el gobierno nos impide presentarnos en las próximas elecciones generales", afirmó Othman. "Es un ataque contra la democracia y contra la libertad".

El partido ya se había presentado a sí mismo como una plataforma alternativa de las divisiones raciales, étnicas y religiosas de la gobernante coalición Frente Nacional.

"Nuestro programa se basa sobre la igualdad y en la justicia social. Es capaz de unir a las diferentes razas del país", destacó Othman.

Mientras los movimientos afines al gobierno logran el reconocimiento oficial casi de la noche a la mañana, el único partido socialista del país lucha desde 1998 para poder registrarse.

Pero los funcionarios del gobierno rechazaron el registro formalmente un año después sin dar ninguna razón.

El partido comenzó un tortuoso proceso de infructuosas apelaciones. En octubre de 1999, llevó el caso al Poder Judicial.

Ante los tribunales, los abogados del gobierno atribuyeron la su negativa a las amenazas a la seguridad nacional que representaba el partido, sin especificarlas ni ofrecer evidencias más que la convicción de la policía.

En 2003, el tribunal superior aceptó el argumento, y coincidió en que la seguridad nacional es una facultad privativa del gobierno.

En la última apelación, el fallo del tribunal superior se basó, en cambio, en una norma "secreta" según la cual el comité directivo del partido debía contar con integrantes de al menos siete de los 13 estados de Malasia.

Expertos en derecho y activistas advirtieron que el tribunal ignoró la garantía constitucional a la libertad de asociación. "Quedó empantanado en tecnicismos", dijo un abogado experto en derechos humanos.

Las normas aludidas por el tribunal son comunicadas a postulantes considerados políticamente indeseables por el gobierno, como los socialistas. "Este gobierno no quiere competencia. Quiere, sencillamente, aferrarse al poder", explicó el abogado.

Malasia es considerada una de las democracias más estables del área Asia-Pacífico, y todos los gobiernos desde su independencia, en 1957, estuvieron formados por el Frente Nacional y sus aliados.

La oposición advierte que el Frente se ha perpetuado en el poder mediante el control de los medios impresos y electrónicos, restricciones legales sobre organizaciones políticas y otros métodos inconstitucionales.

"La decisión es un ataque serio a la libertad de asociación en Malasia, un derecho fundamental garantizado en el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la Sección II de la Constitución malasia", dijo Josef Roy Benedict, director ejecutivo de la filial de Amnistía Internacional en este país.

"También estamos preocupados por el uso de la seguridad nacional como excusa para negar la formación del partido. Estas cuestiones solamente deberían ser invocadas por razones específicas, y deben ser demostradas de forma abierta y transparente", señaló Benedict en un comunicado.

"Este rechazo también ilustra un modelo sistemático por parte del gobierno malasio de usar la Ley de Sociedades para bloquear o impedir la formación de sociedades, organizaciones y partidos políticos a los que considera indeseables", manifestó.

"El efecto intimidante de la ley, junto con sus numerosos requisitos burocráticos del Registro de Sociedades, ha tenido un impacto negativo sobre la libertad de asociación", agregó.

Históricamente, la policía, funcionarios del gobierno y fundamentalistas musulmanes han visto a los socialistas como lobos disfrazados de ovejas. "Tuvimos una sangrienta insurrección comunista antes, y con una es suficiente", opinó un destacado líder musulmán.

El levantamiento del ahora extinto Partido Comunista de Malasia (1948-1960) fue tan violento que muchos malasios continúan indignados y sin ánimo de perdonar.

Los prejuicios contra los socialistas son exacerbados por la oposición a Chin Peng, el líder comunista de la insurrección, que actualmente libra una batalla judicial para volver de su exilio en Tailandia.

A comienzos de este año, el gobierno prohibió una película de carreteras titulada "El último comunista", porque el público la asociaba con la vida y época de Chin Peng.