|
Subordinación
©
Laura Castillo García/Enkidu*
El revuelo que causó la decisión
del presidente Vicente Fox de no dar el Grito de Independencia en la
ciudad de México, y que el Grito en el Zócalo deviniera en festejo de
los lopezobradoristas, dejó en el olvido un botón de muestra sobre la
subordinación del poder político al poder económico: el nexo entre el
coordinador de los priístas en la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa
Patrón y el industrial de origen libanés Kamel Nacif Borge.
La subordinación de los políticos
a los intereses económicos de los grandes empresarios nacionales y
extranjeros, no es nueva ni la ha inaugurado en México Emilio Gamboa
Patrón, a quien las grabaciones telefónicas lo hacen reo del delito de
haber aceptado, sin ningún pero de por medio, frenar las reformas
legales que se discutían en el Congreso en abril de 2004 y que permitirían
abrir un casino en el Hipódromo de las Américas, por no convenir a los
intereses del empresario textilero Kamel Nacif; y de
haber negociado, cuando era senador, “leyes con intereses poco
transparentes, como la llamada Ley Televisa”, según
denuncia de su compañero de partido, el ex senador priísta, Manuel
Bartlett Díaz.
Entre los beneficiados con el
dinero de Kamel Nacif para campañas políticas están el actual
gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, que también salió en
la foto en este affaire político, y el “gober precioso” de Puebla,
Mario Marín Torres, a quien el poderoso empresario agradeció el
encarcelamiento de la defensora de los Derechos Humanos, Lydia Cacho,
por haberlo denunciado de estar involucrado en la red de pederastia
encabezada por Jean Succar Kuri.
Pero no sólo los priístas tienen
cola que les pisen en eso de subordinarse a poderosos empresarios que
les han aportado grandes cantidades de dinero para sus campañas políticas
y a quienes, llegados a un puesto político, les pagan no con dinero
contante y sonante, sino con leyes y privilegios fiscales. Una semana
antes del VI Informe del Presidente Fox, la revista Proceso denunció,
en el reportaje Economía de Conveniencia, de Carlos Acosta Córdova,
que a dos semanas de realizados los comicios del 2 de julio el
presidente Fox hizo a un lado al Congreso y, amparado en las facultades
que le concede la Constitución, el Código Fiscal de la Federación y
la Ley Orgánica de la Administración Pública, emitió un decreto a
través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para otorgar
un “estímulo fiscal” a las empresas que importen y venda jugos, néctares,
yogures y otras bebidas envasadas, agua natural incluida. “Así, desde
el 20 de julio pasado cientos de empresas no pagan IVA por esos
productos, al importarlos o venderlos aquí, con un consecuente
perjuicio al fisco federal que, de acuerdo con especialistas consultados,
sufrirá al año una merma superior a los 50 mil millones de pesos en
sus ingresos por concepto de IVA (Impuesto al Valor Agregado).”
Varias de las empresas beneficiadas
con la disposición de la Secretaría de Hacienda fueron denunciadas por
haber apoyado abiertamente la campaña de Felipe Calderón, entre ellas
Jumex y Pepsi Cola que, entre otras, financiaron los spots de radio y
televisión (la campaña del miedo) contra el candidato de la Coalición
por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador.
Posteriormente, a unos minutos de
haber sido declarado Felipe Calderón presidente electo, la cúpula
empresarial quiso pasar la factura antes que nadie y “retó” a
Calderón a sacar adelante las reformas estructurales y, en especial, la
fiscal: “reforzar la aplicación del IVA, al convertirlo en impuesto
generalizado, sin exenciones ni subsidios.” (La Jornada, 6 de
septiembre de 2006, pág. 25). ¿A quién le cumplirá Calderón? ¿A
los empresarios o al pueblo?
En Querétaro la subordinación a
los intereses económicos de los poderosos tiene a más de cien mil
familias viviendo sin agua potable, entre lodo e inmundicia, pues por
falta de consenso político en el Congreso local, como lo denunció la
Secretaria de Gobierno municipal, Ivette Coutiño Audiffred, no se han
regularizado 258 asentamientos irregulares. Se sabe que varios diputados
locales que están por salir son amigos y defensores de grandes
fraccionadores que, por ver afectados sus intereses, desde hace 18 meses
tienen en la cárcel a dos líderes sociales, Cristina Rosas Illescas y
Pánfilo Reséndiz de Santiago.
La subordinación de la política, y los políticos, a los intereses de
los grandes empresarios pues,
no es una cuestión de moral. De acuerdo con los estudiosos de la economía
política, “la política sigue dócilmente a la economía” porque en
una sociedad dividida en clases el verdadero poder está no en quien se
siente en una curul o en la silla presidencial, sino en quien tenga el
suficiente poder económico para controlar, a través de “apoyarlos en
sus intereses políticos” o, como dijo un amigo: a través de comprar
sus conciencias. Y, en México, ese poder está en manos de los grandes
capitales como los de Kamel Nacif y los empresarios que apoyaron al
candidato presidencial del partido conservador.
Laura
Castillo García es
Secretaria General de
la APN Humanista Demócrata José María Luis Mora
e-mail: lauracastillo30@yahoo.com.mx
|
Los
Martes de Enkidu
Febrero 2007
