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Foro La Alternativa Socialdemócrata
para México
Segunda
Parte
Ciudad de México, 22 de noviembre (Agustin
Villalpando/Enkidu): La primera mesa del Foro La Alternativa Socialdemócrata
para México, en el Salón Montealbán del World Trade Center en Ciudad de
México, se llamó Una Sociedad de Derechos y fue moderada por el
Diputado José Carlos Díaz Cuervo.
El Dr. Pedro Salazar inició las ponencias
afirmando que para lograr una sociedad más igualitaria es necesario
contar con un país con hombres y mujeres libres y emancipados. De ahí la
importancia de foros como este, pues la socialdemocrácia es un compromiso
abierto a partir de una izquierda teórica y posible en el México actual,
donde el Estado es una condición necesaria y la izquierda deberá
intervenir desde, dentro y para la Democracia, con el objetivo de lograr
una sociedad plural y pacífica. El desafío de la izquierda post-moderna
es el Estado democrático promoviendo los derechos fundamentales de los más
débiles ante los poderosos. La idea es enfrentar la desesperación y las
frustraciones, pues la violencia es antagónica a la democracia y no
soluciona los conflictos.
En palabras de Salazar, la izquierda misma se ha
boicotteado al ser provincialista, olvidando que existimos en un mundo
globalizado, una realidad que va más allá de las fronteras nacionales.
La izquierda democrática del siglo XXI debe tener en cuenta las
herramientas contemporáneas como son el Tratado de Roma, la Corte Penal
Internacional, así como las Cartas de Derechos. El Derecho Internacional
es, pues, un instrumento que puede usarse en el derecho interno para
promover las garantías y los derechos fundamentales.
Ahora bien, la izquierda no debe convertirse en un
club de intelectuales o una élite urbana, sino que debe promover la
participación de los movimientos sociales, a fin de lograr una izquierda
alternativa, vinculada con la sociedad, para transformarla desde sí misma.
Para hacer frente a la aparente crisis democrática, la mejor opción es
una izquierda moderna y democrática que pueda hacer frente a los
clientelismos y que apoye al individuo. La democracia se enriquece con las
diversidades y la defensa del reconocimiento de la titularidad de derechos
a partir de la dignidad y la autonomía de cada individuo. Tal ocurre, por
ejemplo, al hablar de la libertad de huelga, de asociación, de reunión
política pacífica, pues se ejercen en colectividad desde la conciencia
individual. De hecho, los muros ideológicos inhiben el desarrollo del
proyecto de izquierda. Finalmente, Salazar subrayó que debe observarse la
forma en que la derecha, con un discurso faláz pero efectivo, pretende
rebazar a la izquierda por la izquierda. Ante esto sólo queda una
izquierda democrática y moderna.
En su intervención, Ricardo Raphael dijo que es
necesario repensar el Capítulo primero de la Constitución, pues la
transición de México centró demasiado su atención en las reformas a
los poderes, con lo que las élites han avanzado mucho, pero el tema de
los Derechos debe ocupar el espacio que sea necesario a fin de retomar la
trinidad originaria de la izquierda: Igualdad, Libertad y Comunidad. La
izquierda, en este sentido, debe promover la construcción de individuos
dignos.
En el artículo Primero constitucional podemos
observar, en el párrafo tercero, la cláusula de igualdad formal, la que
se refiere a la no discriminación. En cuanto a la discriminación, falta
mucho por avanzar en cuanto a la protección de los individuos, pues el énfasis
se ha colocado en las violaciones posibles de parte del Estados, pero se
aborda muy poco sobre la discriminación cometida por las personas
particulares mismas, al tiempo que poco se ha abordado el tema de las
acciones afirmativas, por ejemplo en cuanto a los grupos indígenas. La
Constitución carece de un concepto de familia o de familias y convendría
incluir en la Carta Magna la Declaración Universal de los Derechos del
Ser Humano.
Otro tema a tratar es el de la privacidad, pues si
bien se garantiza la propiedad privada no ocurre así con la vida privada,
con la intimidad. De alguna manera debería protegerse “el espacio de conciencia”, pues la libertad de expresión debería ser limitada por la vida
privada en lo que puede verse como “la frontera entre lo público y lo
privado”. Así, el Derecho a la Información debe considerar también lo
que puede suceder con el desarrollo tecnológico, pues la invasión a la
vida privada puede implicar, al momento, cargos por espionaje y por
divulgación; la cárcel es la pena en el caso del espionaje.
Al
mismo tiempo, la inviolabilidad a la intimidad y a la privacidad debe
poder ser afectada en casos de violación de los derechos de terceros –como
es el caso de la violencia doméstica– y también en casos de cometer un
delito –como ocurre con el asunto del narcotráfico–. Sobre el papel
del IFAI [El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública],
esta institución deberá proteger de la mala utilización los datos de
las personas, a fin de que la transparencia no sea un pretexto que rompa
los derechos de los ciudadanos.
Sobre
los medios de comunicación, Raphael dijo que éstos deben ser plurales en
contenido, no sólo basando su acción en la competencia económica o en
asuntos tecnológicos como la digitalización. Más allá del interés del
mercado, los medios deben proteger los derechos de los ciudadanos y de los
consumidores, a quienes se les debe respetar su derecho de réplica.
Otro de los pendientes es el acceso a la justicia y
el asunto del derecho al medio ambiente, pues en este caso debería ser
posible aplicar la retroactividad de la ley, incluso contra “derechos
adquiridos”. De esta forma,
en nuestros días vemos una “Constitución parchada”, ya que con
tantas enmiendas se carece de una narrativa sistemática y legible para
los no especializados, por lo que algo por hacer debería ser una nueva
narrativa constitucional.
Ana
Laura Magaloni, habló del “Acceso Universal a la Justicia”. Inició
su exposición con el caso de Victor Rincón, quien en 2004 fue arrestado
al salir de un OXXO, con un encendedor en los bolsillos y, al ser
incriminado por una supuesta víctima de robo –que sólo se presentó
una vez a testificar– y Rincón obtuvo siete años de prisión.
El asunto del acceso a la justicia es una batalla sobre la eficacia de los
derechos, pues en estos momentos, las leyes son letra muerta en cuanto a
su aplicación. Resulta incomprensible cómo en el caso mexicano, los
jueces de la Suprema Corte ganan el equivalente a $500,000 dólares de
Estados Unidos al año,
comparado con $200,000 dólares estadounidenses anules para sus pares en
Washington.
Las prácticas de la justicia penal dejan mucho que
desear, pues en el proceso penal mexicano se violan derechos y se carecen
de los estándares básicos de calidad para las personas ordinarias, es
decir, comúnes y corrientes, toda vez que los crímenes cometidos por el
robo organizado o por el narcotráfico requieren mucho papeleo y, al mismo
tiempo, órdenes de jueces así como investigaciones previas. Además,
existe una práctica de premios a los policías, quienes reciben dinero
por la cantidad de personas que son presentadas ante la autoridad, por lo
que es más común que presenten a personas ordinarias, toda vez que
recibirán el mismo premio en numerario si presentan a una de éstas o a
un narcotraficante –y es mucho más difícil probar el caso de un
narcotraficante–. El “debido
proceso” carece de
eficacia y en muchos casos se llega a la sentencia sin haberse respetado
las garantías individuales enunciadas en la Constitución y en las leyes.
En todo caso, las personas deberían conocer el Artículo
20 Constitucional, pues ahí se enuncian los derechos que pueden
ayudar a evitar el abuso y la arbitrariedad de parte de las autoridades.
Cabe apuntar que en la actualidad, en el Distrito Federal [Ciudad de México,
N/Enkidu], 50% de los detenidos en los reclusorios son acusados por “robos simples”, y gracias al sistema de incentivos –que van de 5 mil
a 7 mil pesos–, 9 de cada 10 detenciones se realizan en flagrancia, por
lo que no es necesario contar con una órden de aprensión previa.
Lo
anterior subraya la “brutal ineficacia” del sistema de aplicación de
la ley, pues en otros países, por una sola de las omisiones que se
practican en México los casos judiciales son abandonados: en este país
norteamericano 93% de los acusados desconocen a sus acusadores, no se les
informa que tienen derecho a contar con un abogado o una persona de su
confianza al momento de presentar su declaración y muchas personas, en su
primera declaración se declaran culpables –aunque ésta declaración
sea forzada por el proceso mismo–. En todo caso, con la legislación
actual, el juez no está obligado a estar presente en todas las fases del
proceso penal, por lo que, por ejemplo, la secretaria mecanógrafa es
percibida como la persona más poderosa en el proceso. Los derechos
constitucionales son violados de manera sistemática en este país.
En
tanto, Jesús Silva Hérzog Márquez aseguró que México no es una nación,
pues no se ha construido como tal, pues no existe la idea de una comunidad
de destino ni un orígen único o una raíz particular. Incluso entre
vecinos ocurre como si se tratara de países extranjeros, con lo que no
existe una perspectiva verdaderamente “nacional”. En este sentido, es
importante tener una comunidad de individuos libres, de ciudadanos que
ejerzan sus libertades individuales y que participen en los asuntos públicos.
Debe
combatirse, pues, el desprecio por la ley, “tejido fundamental del
Estado” y se debe promover una sociedad mexicana como una red de
derechos y como una red de responsabilidades para lograr vencer la guerra
contra el miedo. “La Ley es la única plataforma convincente de la
igualdad,” dijo Silva Hérzog, quien agregó que la tarea más difícil
será combatir la tradición de que la ley es la propiedad de unos contra
los otros, la propiedad de quienes tienen el dinero y el poder.
Con
todo, el poder de la ley, favorecerá la justicia, promoverá la verdad y
logrará la belleza. La Ley como referente ante la incertidumbre en una
sociedad de derechos, donde impere la tranquilidad, se acabe con el miedo
y se logre la igualdad.
Finalmente,
este primer módulo cerró con Pedro Salazar, quien habló de la
importancia de la educación pública, capaz de generar ciudadanos en
todos los sentidos. Una escuela de la democracia, basada en la igualdad
entre los distintos. Debe ser una escuela laica, donde impere la libertad
de expresión, donde se promueva la conciencia crítica.
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Los
Martes de Enkidu
Febrero 2007
