La justicia tarda:Luis Echeverría en detención
domiciliaria
Por Diego Cevallos
MÉXICO, 29/12/2006 (IPS) - Aunque la detención
domiciliaria del ex presidente mexicano Luis Echeverría pasó
desapercibida en su tierra, la prensa nacional empieza a destacarla como
un paso histórico contra la impunidad.
Cuando Echeverría fue presidente (1970-1976) apoyaba a
movimientos de izquierda de América Latina y condenaba a las dictaduras
militares que torturaban, desaparecían y asesinaban a opositores en la
región.
Pero en su propio país cometía esos mismos delitos y servía a la CIA (Agencia
Central de Inteligencia) estadounidense, según varias investigaciones.
El otrora recio mandatario, desde noviembre bajo arresto domiciliario por
acusaciones de genocidio, es ahora un anciano de 84 años que convalece de
un derrame cerebral y requiere de ayuda para permanecer en pie, según las
imágenes que captó brevemente el miércoles 27 la cadena Televisa en la
casa del imputado.
Por su edad y estado de salud, Echeverría se acogió al derecho de
detención domiciliaria y no ha podido o querido responder a los trámites
judiciales que ordenan recoger su declaración y realizar su fichaje
criminal.
No obstante, sus abogados dijeron que se encuentra dolido y se declara
totalmente inocente de los cargos, según los cuales fue directo
responsable de la matanza de cientos de estudiantes en 1968 en la plaza
capitalina de Tlatelolco, cuando fungía como secretario (ministro) de
Gobernación (Interior).
La justicia y varias investigaciones indican que Echeverría, en su
momento calificado de progresista por intelectuales de la talla de Carlos
Fuentes y Fernando Benítez, fue un ministro de mano dura y luego un
presidente que desplegó una sangrienta represión contra opositores de
izquierda.
En los años 60, 70 y 80, las fuerzas de seguridad del Estado al servicio
de los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que
detentó el poder entre 1929 y 2000, detuvieron, torturaron y
desaparecieron a 532 opositores, según investigaciones de la estatal pero
independiente Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Las atrocidades de esas décadas fueron la otra cara de gobiernos que
reivindicaron su condición de "revolucionarios", que defendían
a la Revolución Cubana en foros internacionales, acogían a exiliados de
varios países de América Latina, rompían relaciones con dictaduras
militares y proponían definir un nuevo orden económico mundial.
Documentos de Washington, cuya reserva se ha levantado, indican que
Echeverría fue agente de la CIA, donde se lo conocía con el alias de
"Litempo-8".
Como ministro y mandatario manejó solicitudes especiales del gobierno
estadounidense para dar visas a viajeros cubanos que buscaban escapar de
la revolución liderada por Fidel Castro, y mantenía informado a
Washington sobre los movimientos de izquierda en México, revelan esos
informes.
El arresto de Echeverría pasó casi ignorado, y es probable que muchos
piensen que por la edad del acusado, ya no tiene demasiada importancia.
Pero la tiene, dijo a IPS Jorge Chabat, columnista del diario El Universal
y politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas.
"Que un juez haya ordenado el arresto domiciliario de un ex
presidente e incluso su fichaje" indican que la justicia tarda, pero
llega, señaló Chabat.
"Lo que importa es que oficialmente se reconoce que lo que desde
siempre se dijo, de manera marginal y desde la oposición a un sistema
autoritario, era cierto: desde lo más alto del Estado se cometieron
delitos graves", apuntó el observador.
Echeverría fue procesado a pedido de la Fiscalía Especial para
Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, creada por el ex presidente
Vicente Fox (2000-2006) para investigar la llamada "guerra sucia"
de los años 60, 70 y 80.
Su detención es quizá el mayor logro de ese organismo ahora disuelto y
al que grupos humanitarios consideraron muy poco eficaz.
En el informe final de la Fiscalía, que incumplió su promesa de procesar
a todos los responsables vivos de los delitos cometidos en el pasado, se
consigna que la gestión de Echeverría tuvo como prioridad "la
contención y la represión de la disidencia".
"Echeverría adoptó plenamente la doctrina de seguridad nacional y
las tácticas contrainsurgentes que instrumentó en todo el país, con
todo su caudal de crímenes de lesa humanidad, y creó grupos
paramilitares que le hicieran el trabajo sucio de golpear y asesinar
estudiantes y trabajadores, sin tener que emplear al ejército y a la
policía", sostiene el documento.
En su gobierno del ex presidente "la prensa independiente fue
acallada y se negó a investigar el origen del apoyo oficial al terrorismo
de derecha y se incrementó el acoso sobre dirigentes populares,
estudiantiles, campesinos, sacerdotes y sindicatos".
Se estableció así "una política de genocidio en contra de los
grupos nacionales disidentes", concluye el informe, cuya presentación
en noviembre tampoco concitó atención, pues se produjo en medio de un
caldeado ambiente político, por la oposición izquierdista a la
investidura del nuevo presidente, Felipe Calderón, el 1 de diciembre.
A diferencia de otros países latinoamericanos, en los que gobiernos
democráticos promovieron comisiones de la verdad para esclarecer acciones
de represión ilegal, en México se optó por una entidad con facultad
para investigar penalmente.
La Fiscalía inició más de 400 averiguaciones previas y realizó más de
500 diligencias judiciales, pero el único acusado de peso y con un
proceso en firme es Echeverría.
La orden de arresto fue librada por el juez Ricardo Paredes, quien revocó
una decisión en primera instancia de otro magistrado, que había
exonerado a Echeverría en julio por prescripción del delito de genocidio.
Paredes consideró fundados los elementos para "hacer probable la
responsabilidad" de Echeverría en la matanza de Tlatelolco, el 2 de
octubre de 1968, cuando soldados dispararon contra una multitud de jóvenes
reunidos en esa plaza en demanda de apertura democrática y justicia.
El magistrado argumentó que el Batallón Olimpia y otras fuerzas
militares al mando de Echeverría, abrieron fuego "contra los
estudiantes y una multitud congregada, perpetrando delitos contra la vida
de un número considerable de personas, y con el propósito de destruir
totalmente al grupo nacional identificado como 'movimiento estudiantil de
1968'".
Según el magistrado, el delito no prescribió debido a que "el
conteo original del lapso de treinta años para la prescripción comienza
el día de los hechos, es decir, el 2 de octubre".
Aclaró que tal plazo se suspendió cuando Echeverría estuvo protegido
por el fuero constitucional del que gozó como ministro, y luego como
presidente. Con ese argumento, sostuvo que la prescripción apenas se
hubiera cumplido el 30 de noviembre de este año, cuando ya estaban en
curso acciones judiciales.
Los abogados de Echeverría anunciaron que apelarán, pues desde su punto
de vista el delito sí prescribió y, además, nunca existió genocidio.
|
Los
Martes de Enkidu
Febrero 2007
