MÉXICO, 12/09/2007 (IPS) - El parlamento de México soportó presiones y puso como nunca antes contra la pared a los poderosos medios de comunicación electrónicos, al encauzar este miércoles una reforma que privará a ese sector de las millonarias sumas que recibían en las campañas electorales.

Además, los legisladores prometieron que en seis meses más tendrán lista una norma dirigida a romper los monopolios existentes en la radio y la televisión, en clara referencia a las cadenas Televisa y TV Azteca.

Los senadores recibieron el martes en una audiencia que se prolongó por cuatro horas a los dueños y principales presentadores de las estaciones de radio y de televisión. Tras soportar el embate y hasta los insultos de algunos presentes, lo cual fue transmitido en directo por varias estaciones, ese cuerpo legislativo aprobó las reformas por mayoría.

Los cambios legales aún deben ser sancionados por la Cámara de Diputados, según indica el sistema bicameral existente en México. Pero no se espera mayores cambios por los acuerdos previos alcanzados entre los principales partidos: el gobernante Acción Nacional (PAN) y los opositores Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática.

Los observadores sostienen que las reformas en proceso representan un viraje importante en el sistema electoral. Las nuevas normas están dirigidas, dicen sus autores, a volver a las competencias electorales más equitativas y a desvirtuar el peso de la propaganda políticas en los medios.

Pero en la perspectiva de los socios de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, en la que los consorcios mediáticos Televisa y TV Azteca tienen gran poder, las reformas apuntan a coartar la libertad de expresión y empresa.

Siete de cada 10 televidentes mexicanos sintonizan canales de Televisa, mientras dos ven a las señales del emporio TV Azteca. En radiodifusión, la oferta se concentra en unos 13 grupos empresariales en este país de más de 104 millones de habitantes

Directivos de la Cámara señalaron que seguirán dando pelea en las legislaturas locales para impedir que la reforma prospere. Según la Constitución, para que una reforma a la máxima ley del país surta efecto es necesario que sea aprobada por la mitad más uno de las 31 legislaturas estatales.

"Lo que hemos hecho con las reformas es poner fin a la influencia determinante del dinero en las campañas electorales" y a la relación viciada que se existe hoy entre los políticos y los medios de comunicación, dijo a IPS Santiago Creel, legislador del PAN y presidente de turno del Senado.

"Aquí no hay dedicatoria, sólo se trata de tener un mejor sistema electoral", sostuvo.

Pero el asunto irá más allá. En seis meses estará lista una nueva norma sobre radio y televisión dirigida a abrir la competencia en ese sector, a romper los monopolios y a velar por los medios de comunicación públicos y comunitarios, señaló Creel.

Los legisladores se burlaron de los medios de comunicación electrónicos, pues no tomaron en cuenta sus puntos de vista al aprobar la reforma electoral, señalaron portavoces de TV Azteca y Televisa.

Sin embargo, varios legisladores explicaron que lo que en realidad sucedió es que los legisladores se mantuvieron unidos y que soportaron las presiones y hasta las amenazas de censura que les habría hecho los medios.

Según los dueños de algunos medios electrónicos, que antes reclamaban a los partidos políticos su presunta ineptitud para lograr acuerdos, los legisladores armaron un frente para perjudicar a la democracia.

Las nuevas normas de carácter constitucional indican que los partidos políticos, que reciben financiamiento público, no podrán contratar en forma directa su publicidad.

Las cuñas, por cuya transmisión recibían los medios electrónicos jugosas sumas de los partidos, sólo podrán transmitirse en tiempos oficiales o del Estado, y será el independiente Instituto Federal Electoral el que administre esos espacios.

Los legisladores recordaron que las empresas privadas de radio y televisión operan concesiones del espectro radioeléctrico, que es un bien público, y que hay normas poco cumplidas que indican que el Estado tiene el derecho a usar tiempo de transmisión en las estaciones sin costo.

Las normas en proceso de aprobación prohibirán además a cualquier grupo empresarial o de interés contratar espacios electrónicos para expresar opiniones políticas durante las campañas electorales. También estipulan que el gobierno y las autoridades estatales no podrán emitir programas para promocionar obras o buscar elevar el perfil de algún funcionario.

Los medios de comunicación sostienen que tales disposiciones los perjudican económicamente y atentan contra la libertad de expresión. Además, en un gesto de exageración, argumentaron que ya no podrán nunca más difundir opinión política.

Pero los parlamentarios les recordaron que sólo cuando haya campañas electorales federales, lo que sucederá según las reformas cada tres años y por un período que no excederá los tres meses, se usarán los tiempos oficiales en los medios.

También explicaron que no hay ninguna restricción para que analistas, políticos, autoridades, periodistas y ciudadanos en general puedan opinar en los programas de televisión o radio. Lo que queda prohibido es contratar espacios de propaganda durante los tres meses que durarán las campañas.

En los comicios presidenciales de julio de 2006, cerca de 80 por ciento de los más de 324 millones de dólares que los partidos políticos gastaron, y que los contribuyentes aportaron, fue a parar a las firmas dueñas de los medios electrónicos de comunicación, por ser los principales difusores de la propaganda electoral.

En ese proceso se difundieron 757.545 cuñas en los medios electrónicos, en especial en Televisa y TV Azteca. Una tercera parte de esa publicidad continúa en investigación pues no se sabe quién la contrató ni pagó.

Con la reforma se acabaron los contratos entre partidos y medios de comunicación, se acabó la opacidad y el poder mediático en la política, proclamó Carlos Navarrete, coordinador de los senadores del izquierdista Partido de la Revolución Democrática.

"Lo que hemos hecho es adoptar un modelo dirigido a expulsar el poder del dinero en las campañas electorales", declaró por su parte Mario Fabio Beltrones, líder de los senadores del ex gobernante Partido Revolucionario Institucional.

Lo que vendrá luego de la reforma será dictar una nueva ley de radio y televisión que sustituya a la anulada en junio por la Suprema Corte de Justicia, que había sido aprobada por el Poder Legislativo bajo presión de las dos principales cadenas de TV y que las favorecía ampliamente.

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