| Indispensable intensificar la actuación
de la ALDF en la supervisión de reclusorios
CIUDAD DE MEXICO, 06/02/2008 (PANDF/ Enkidu
Magazine): Si bien la Asamblea Legislativa del Distrito Federal cuenta con
un espacio de representación en el Órgano de Supervisión General de
Reclusorios y Centros de Readaptación Social, es conveniente ampliar su
presencia a tres diputados, para intensificar su actuación en materia de
política penitenciaria, tema de gran relevancia para la sociedad
capitalina.
Así lo propusieron las legisladoras Elvira
Murillo Mendoza y María del Carmen Segura Rangel, quienes solicitaron al
Jefe de Gobierno promover la reforma al artículo 160 del Reglamento de
Reclusorios y Centros de Readaptación Social del Distrito Federal, para
contar con dicha representación.
Por otro lado, el diputado José Antonio
Zepeda Segura hizo un exhorto al titular del Ejecutivo Local para que
atienda las demandas laborales de los custodios, quienes en días pasados
realizaron una protesta afuera de las instalaciones de la ALDF.
El legislador panista resaltó la necesidad
de mejorar las condiciones laborales de los más de tres mil custodios que
laboran actualmente en los Centros de Readaptación Social dada la
sobrepoblación de internos que, hasta el cierre de 2007 ascendió a 34
mil 627.
Lo anterior significa, explicó, que cada
custodio debe vigilar, por lo menos, a 600 internos, lo cual complica su
labor y, en cambio, propicia que en la mayoría de los casos incurran en
actos de corrupción para allegarse de recursos.
A pesar de que la propuesta del diputado
Zepeda Segura se presentó de urgente y obvia resolución, se turnó a la
Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social, mientras que la de las
legisladoras Murillo Mendoza y Segura Rangel se retomará en la próxima
sesión de la Diputación Permanente, debido a que la votación fue por
igual número a favor y en contra.
Al respecto, el también vicepresidente de
la Comisión de Derechos Humanos lamentó que para el PRD y Alternativa
Socialdemócrata el sistema penitenciario no sea prioridad, ya que “las
cárceles no sólo son un gran negocio para el GDF, sino que lesionan el
tejido social al ser universidades del crimen y no verdaderos centros de
readaptación”, aseveró.
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