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Indispensable intensificar la actuación de la ALDF en la supervisión de reclusorios

CIUDAD DE MEXICO, 06/02/2008 (PANDF/ Enkidu Magazine): Si bien la Asamblea Legislativa del Distrito Federal cuenta con un espacio de representación en el Órgano de Supervisión General de Reclusorios y Centros de Readaptación Social, es conveniente ampliar su presencia a tres diputados, para intensificar su actuación en materia de política penitenciaria, tema de gran relevancia para la sociedad capitalina.

Así lo propusieron las legisladoras Elvira Murillo Mendoza y María del Carmen Segura Rangel, quienes solicitaron al Jefe de Gobierno promover la reforma al artículo 160 del Reglamento de Reclusorios y Centros de Readaptación Social del Distrito Federal, para contar con dicha representación.

Por otro lado, el diputado José Antonio Zepeda Segura hizo un exhorto al titular del Ejecutivo Local para que atienda las demandas laborales de los custodios, quienes en días pasados realizaron una protesta afuera de las instalaciones de la ALDF.

El legislador panista resaltó la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los más de tres mil custodios que laboran actualmente en los Centros de Readaptación Social dada la sobrepoblación de internos que, hasta el cierre de 2007 ascendió a 34 mil 627.

Lo anterior significa, explicó, que cada custodio debe vigilar, por lo menos, a 600 internos, lo cual complica su labor y, en cambio, propicia que en la mayoría de los casos incurran en actos de corrupción para allegarse de recursos.

A pesar de que la propuesta del diputado Zepeda Segura se presentó de urgente y obvia resolución, se turnó a la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social, mientras que la de las legisladoras Murillo Mendoza y Segura Rangel se retomará en la próxima sesión de la Diputación Permanente, debido a que la votación fue por igual número a favor y en contra.

Al respecto, el también vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos lamentó que para el PRD y Alternativa Socialdemócrata el sistema penitenciario no sea prioridad, ya que “las cárceles no sólo son un gran negocio para el GDF, sino que lesionan el tejido social al ser universidades del crimen y no verdaderos centros de readaptación”, aseveró.

 

 
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