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Organizaciones de jóvenes y las diversidades sexo-genéricas lavarán
banderas frente al Congreso de Lima para demandar que se ratifique sin
restricciones Tratado Internacional de Derechos Humanos de la Juventud
LIMA, 14/08/08 (COMU Crissthian Olivera Fuentes/Enkidu Magazine): Este
martes 15 de abril a las 10 de la mañana diversas organizaciones y redes
de jóvenes y estudiantes universitarios, así como de lesbianas,
travestis, gays y bisexuales (LTGB), realizarán un plantón frente al
Congreso de la República en abierta denuncia a las declaraciones
interpretativas que las Comisiones de Relaciones Exteriores y de la
Mujer han hecho de algunos artículos de la Convención Iberoamericana de
los Derechos de los Jóvenes.
Los jóvenes y activistas LTGB lavarán banderas del Perú exigiendo una
ciudadanía limpia para todos los peruanos y peruanas, es decir, con la
posibilidad real y en condiciones igualitarias de poder desarrollarnos
completamente en un Estado que nos proteja y nos defienda.
El dictamen conjunto de ambas comisiones sancionado el martes pasado
cambió la fórmula jurídica de reservas por la declaración interpretativa
a los artículos 5, 14 y 20 (inciso 1) referidos a la no discriminación
por orientación sexual, la identidad personal y el derecho a formar una
familia, en el sentido de que tales derechos no incluyen la posibilidad
del matrimonio entre personas del mismo sexo.
Esta arbitraria y sesgada interpretación es una estrategia de los grupos
conservadores que pretenden cerrar las posibilidades de una futura y
saludable discusión que tendremos que dar como sociedad acerca de las
uniones entre parejas del mismo sexo.
Las Comisiones también han hecho declaraciones interpretativas sobre el
artículo 19 de la Convención, que se refiere a la pena de muerte. Su
dictamen indica que esta sanción sí puede ser aplicada en nuestro país a
los jóvenes entre 18 y 24 años en los casos de traición a la patria
durante tiempo de guerra y en la modalidad de terrorismo, cosa que
precisamente intenta superar este tratado de derechos humanos.
Si bien la pena de muerte en estos casos está contemplada en nuestra
Constitución, ella misma indica que lo referido a derechos humanos se
interpreta a la luz de los tratados internacionales sobre la materia o
de las opiniones que de ellos tengan los organismos especializados. Por
lo tanto no cabe una interpretación a los artículos de la Convención,
cuando lo correcto es interpretar nuestra legislación a la luz del
ordenamiento supranacional.
No debemos olvidar tampoco que para estos casos funciona el principio
pro hominem, que consiste en que la norma debe entenderse y funcionar a
favor de la persona acusada. Si la Convención se aprueba sin
interpretaciones los jóvenes de entre 18 y 24 años no tendrían por qué
morir a manos del Estado, cosa que en la práctica no ocurre y que
debería ser un aspecto a tomar en cuenta para que nuestro Congreso
reconozca lo que ocurre en la realidad.
La tendencia actual es la abolición absoluta de la pena de muerte por
constituir ésta una violación a la dignidad humana y al derecho a la
vida. Ha sido catalogada como trato cruel, inhumano y degradante, además
se ha identificado que es aplicada con frecuencia desproporcionada y
desventajosa a grupos étnicos y religiosos minoritarios, así como a
personas económicamente desfavorecidas.
Por ello las organizaciones de jóvenes y de lesbianas, travestis, gays y
bisexuales exigirán la ratificación irrestricta de la Convención,
suscrita por nuestro país el 11 de octubre de 2005 en Badajoz, España.
La discusión del dictamen está prevista para la siguiente sesión del
pleno del Legislativo: el miércoles 16 o jueves 17. Los grupos de
jóvenes y lesbianas, travestis, gays y bisexuales estarán atentos a la
histórica decisión.
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