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El
Tribunal Supremo respalda a Texas en la disputa con Bush sobre la pena
muerte de un mexicano
WASHINGTON, 25 mar (EFE).- El Tribunal Supremo decidió hoy que el estado
de Texas no tiene que celebrar una nueva audiencia para José Ernesto
Medellín, un ciudadano mexicano condenado a muerte, como ordenó el
Presidente de Estados Unidos, George W. Bush, a raíz de un dictamen de
la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.
El alto tribunal, compuesto por nueve magistrados, dictaminó, por 6
votos a favor y 3 en contra, que Bush no tiene autoridad para ordenar
una nueva audiencia para el preso mexicano.
En el auto, el presidente del Supremo, John Roberts, justifica la
decisión de los jueces con el argumento de que el dictamen de la CIJ no
se puede aplicar a los estados y que Bush "no puede establecer
decisiones vinculantes que sean contrarias a leyes estatales ya
existentes".
Los jueces Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg y David Souter
disintieron de la opinión de la mayoría de los magistrados.
El Gobierno mexicano se mostró decepcionado con la decisión del Supremo.
El portavoz de la embajada de México en Estados Unidos, Ricardo Alday,
dijo que el Ejecutivo "está preocupado" por el dictamen.
También el Ejecutivo estadounidense esperaba otro fallo. Según la
portavoz de la Casa Blanca, Dana Perino, el Gobierno "está decepcionado"
con el resultado, pero lo acepta y lo acatará.
El caso "Medellín vs. Texas" llegó en octubre de 2007 al Tribunal
Supremo y alcanzó notoriedad en los medios de comunicación por la
inusual postura que adoptó Bush al ordenar al estado acatar el fallo de
la CIJ, cuando normalmente ha tomado decisiones favorables a la pena de
muerte.
José Ernesto Medellín fue condenado a la pena capital en 1994 por violar
y estrangular a dos jóvenes en octubre de 1993, cuando tenía sólo 18
años.
La policía le detuvo unos días después y le informó que tenía derecho a
permanecer en silencio y a un abogado, pero no que podría solicitar el
asesoramiento del consulado mexicano, como lo establece un tratado
internacional de 1963 suscrito por Estados Unidos.
Esa y otras negligencias procesales similares con 50 mexicanos
condenados a la pena de muerte llevaron al Gobierno del vecino país a
presentar una denuncia ante la CIJ, con sede en La Haya.
La Corte concluyó en 2004 que EE.UU. había violado la Convención de
Viena de 1963, al no respetar el derecho de Medellín y de sus
compatriotas a obtener servicio consular, y solicitó la revisión de los
casos en cuestión.
El mandatario estadounidense respaldó la decisión y ordenó en 2005 a las
cortes estatales seguir la decisión del tribunal de La Haya.
La Casa Blanca argumentó que el no acatar el dictamen sería perjudicial
para la imagen de Estados Unidos en el mundo.
Dos semanas después, Bush anunció que el país se retiraba del protocolo
opcional del tratado internacional de 1963 sobre el derecho consular, lo
que deja en manos de la CIJ decidir sobre casos como el de Medellín.
El estado de Texas mantuvo, por su parte, que ni el Gobierno federal ni
los tribunales internacionales tienen competencia en el caso de
Medellín, el único de los 51 mexicanos que ha logrado llevar su batalla
legal al Supremo.
Las autoridades estatales sostienen que el preso no puede invocar su
derecho como ciudadano mexicano, al no haber planteado la falta de
asistencia consular durante el juicio original contra él.
El condenado y la CIJ alegan, por otra parte, que es obligación de las
autoridades informar a los detenidos de ese derecho, ya que los presos
pueden desconocer que ese servicio existe.
Cuando Bush fue gobernador de Texas (1995-2000) supervisó la ejecución
de 152 prisioneros.
Desde 1982 Texas ha ejecutado 405 presos mediante inyección letal. La
última tuvo lugar el 25 septiembre de 2007.
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