CUMBRE MUNDIAL DE LA PAZ

Mesa: Mujeres y cultura de paz

“Ciudad Juárez: matanza de mujeres” por Humberto Robles *

BOGOTA, 03/10/2009 (Humberto Robles): Antes que nada, quiero agradecer a quienes hicieron posible que hoy esté con ustedes en la Cumbre Mundial de la Paz. Soy Humberto Robles, dramaturgo y colaborador con varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas Nuestras Hijas de Regreso a Casa, ONG de familiares y amigos que lucha por denunciar, prevenir y erradicar los crímenes de niñas y mujeres en Ciudad Juárez. Comenzaré leyendo un fragmento de un poema de la poeta chiapaneca Rosario Castellanos.

Recuerdo, recordamos.

Ésta es nuestra manera de ayudar a que amanezca

sobre tantas conciencias mancilladas,

sobre un texto iracundo, sobre una reja abierta,

sobre el rostro amparado tras la máscara.

Recuerdo, recordemos

Hasta que la justicia se siente entre nosotros.”

Ciudad Juárez se encuentra enclavada en una zona desértica, al borde del Río Bravo, en la frontera que separa a México de Estados Unidos. Tiene una población de alrededor de 1, 300,000 habitantes; es la ciudad más poblada de Chihuahua, el estado más grande del país, y este año el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública la declaró la urbe más violenta del mundo.

Es aquí donde desde hace más de 16 años se ha venido ejecutando una serie de asesinatos a niñas y mujeres de edades que oscilan entre los cinco y los 35 años.

Desde 1993 a la fecha, según reportes de diversas organizaciones, se han cometido más de de 576 crímenes de mujeres en Ciudad Juárez y en la ciudad de Chihuahua, y hay aproximadamente 600 desparecidas.

En lo que va del año 2009, se han encontrado 88 cuerpos sin vida, y se ha reportado la desaparición de varias jovencitas, con una edad promedio de 17 años.

Las víctimas son mujeres de escasos recursos, obreras, empleadas de maquiladoras (empresas ensambladoras transnacionales que importan materiales sin pagar aranceles), son estudiantes, migrantes de otros estados que van a Ciudad Juárez “buscando una vida mejor”.

Son en su mayoría jóvenes, bonitas, pobres, morenas, de cabellos y ojos negros. Muchas son madres solteras o con hijos que mantener. Ellas suelen ser secuestradas, torturadas durante varios días, golpeadas, violadas tumultuariamente, mutiladas partes de su cuerpo y finalmente asesinadas, ya sea amarradas con alambre de púas hasta desangrarse, estranguladas, apuñaladas o quemadas.

Muchos de los cadáveres muestran los pezones arrancados por dientes humanos, la piel con huellas de quemaduras de cigarros, la carne mordisqueada, violencia sexual extrema y señales de prolongados tormentos.

Irónicamente, Ciudad Juárez fue llamada alguna vez “la mejor frontera de México” ya que, a raíz del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, en esta ciudad, así como a lo largo de la frontera, se instalaron las maquiladoras. A este fenómeno, digno de las peores películas de terror, se le ha catalogado como feminicidio: el asesinato brutal y sistemático de mujeres.

No hablamos de violencia doméstica, que también la hay. En este caso se trata de una serie de asesinatos perfectamente planeados, organizados y sistematizados que han alarmado y llamado la atención de importantes investigadores del FBI, de periodistas, de defensores de derechos humanos y de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, entre otras.

Después del crimen, las siguientes víctimas son las madres y familiares de estas niñas y mujeres masacradas. Ellos encuentran el cuerpo sin vida de su hija, madre, novia, esposa, prima o hermana, abandonado en un lote baldío o apenas cubierto por las arenas del desierto, descubriendo así la forma brutal en la que murió la joven, e imaginándose todo lo que habrá sufrido. Cabe mencionar que invariablemente, los cuerpos han sido encontrados por gente que pasaba por ahí, jamás por elementos policiacos.

En muchos casos, las víctimas son reconocidas sólo por sus ropas, por la dentadura o por alguna seña particular, ya que el resto del cuerpo se encuentra irreconocible. Por otro lado, las otras víctimas de las que poco se habla, son las huérfanas y huérfanos de estas mujeres asesinadas.

Como si este dolor no fuera suficiente, las familias deben enfrentar la total ineficacia, ineficiencia, negligencia  e insensibilidad de la policía, de las autoridades locales, de los gobernadores del estado y de los propios presidentes de México.

Porque desde hace 16 años las autoridades competentes (a las que habría que llamarlas “incompetentes”), junto con los medios de información (a los que habría que llamarlos de “desinformación”), se han dedicado a desprestigiar a las víctimas acusándolas de ser prostitutas, drogadictas, personas sin valores, mujeres que salen de sus casas a buscar el peligro. Este no es el caso, pero si lo fuera, no habría nada que justificara la tortura, la violación y el asesinato de prostitutas, drogadictas o mujeres así.

Constantemente el gobierno minimiza las cifras de los crímenes. Los gobernadores del estado y los presidentes del país hacen caso omiso de las recomendaciones internacionales. Tampoco prestan oídos a los reclamos de justicia de las madres, familiares y organizaciones de derechos humanos. Los procuradores de justicia, así como los y las fiscales especiales pierden o desaparecen pruebas de vital importancia como la ropa de las víctimas en las que se encuentran muestras de sangre, cabellos o semen.

Para colmo, los medios de comunicación y los empresarios locales acusan a aquellos que claman justicia (a las madres y a las organizaciones) de “vende-patrias” y “de ensuciar el buen nombre de Ciudad Juárez”. Esto se suma a intimidaciones y otras amenazas a quienes reclaman justicia. Todas y todos los que nos hemos participado, solidarizado y comprometido con esta causa hemos recibido desde pequeños “sustos”… hasta persecuciones, disparos e incluso amenazas de muerte.

Por su parte, el gobierno, lejos de investigar, juzgar o castigar a los responsables de estas irregularidades, los premia. Por ejemplo, al ex gobernador del estado de Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas, a quien, durante su gestión se le acusa de una actitud misógina y de denigrar a las mujeres juarenses justificando sus asesinatos con argumentos tales como que “las mujeres son responsables por vestir minifaldas”, “por salir a altas horas de la noche”, acusarlas de vivir una doble vida, y declarar que el número de mujeres asesinadas "es normal", minimizando las tragedias, en abril de este año se le nombró embajador en Canadá.

Otro caso para documentar la historia de la ignominia: en marzo de 2005, mientras Marisela Ortiz Rivera, co-fundadora y co-presidenta de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, daba una conferencia sobre los asesinatos y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, el ombudsman mexicano José Luis Soberanes acaparó la atención de todos… ¿Por qué? Porque se durmió durante la conferencia.

Otro ejemplo indignante es el de Arturo Chávez Chávez, quien, sin importar el rechazo y la oposición de la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos, la semana pasada fue ratificado como procurador general de la República.

Las investigaciones hechas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y Amnistía Internacional sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez coinciden en que Arturo Chávez Chávez, siendo procurador de justicia de Chihuahua, cometió graves irregularidades durante las indagatorias en los crímenes de mujeres en Ciudad Juárez, pues hubo retrasos en la búsqueda de las mujeres que eran reportadas como desaparecidas, hubo deficiencias en la integración de las averiguaciones previas y no se ejecutaron órdenes de aprehensión contra presuntos responsables. Por ejemplo, él expresó que las mujeres eran culpables de sus propios crímenes por vestir ropas provocativas. Debido a lo anterior, es inaceptable e indignante que Felipe Calderón y el senado de la república hayan entregado la procuraduría a un enemigo de la justicia.

Hasta la fecha y a más de 16 años de asesinatos, no se ha resuelto satisfactoriamente ni uno de los más de 576 crímenes de mujeres en Ciudad Juárez. Ni uno. La mayoría de las personas que están en la cárcel acusadas por estos crímenes son chivos expiatorios; con amenazas y bajo torturas fueron obligados a firmar sus declaraciones inculpatorias.

Algo que enturbia aún más el tema del feminicidio en México y que genera graves sospechas es que los casos de las mujeres asesinadas no se han atraído al fuero federal (esto es, dejar que sea un problema local para convertirse en un problema nacional), porque el gobierno arguye, falseando como siempre las cifras, que “sólo se trata de unos 300 asesinatos”.

Entonces nos preguntamos, ¿cuántas muertes necesitará el gobierno mexicano para atraer estos casos y declarar zona de desastre humano a Ciudad Juárez? ¿Cuántas mujeres más deberán ser masacradas para que se tomen cartas en el asunto? ¿No basta una sola mujer asesinada para actuar? La barbarie parece no tener límites: las niñas Brenda Berenice Delgado Rodríguez de 5 años, Airis Estrella Enríquez de 7 años y Anahí Orozco de 10 años, fueron atacadas sexualmente, torturadas y asesinadas. ¿No existe alguien en el gobierno mexicano que se conmueva y decida hacer algo para prevenir y acabar con esta guerra de baja intensidad contra las niñas y las mujeres? Parece que la respuesta es simple y llana: no.

Tampoco a las maquiladoras que emplean a estas mujeres les importan la vida de estas obreras pobres.  Deberían, pero no hacen nada. Si matan a una, afuera de la fábrica hay una fila de ciento de mujeres esperando conseguir trabajo.

Por otro lado, para seguir documentando la infamia: el Código penal de Chihuahua determina que el violador de una mujer "recibirá una pena de tres a nueve años de prisión". En cambio, para los ladrones de ganado, el Código Penal prevé una pena de seis a cuarenta años de cárcel. Queda claro que en Chihuahua vale más una vaca que una mujer.

Ahora, las hipótesis que se manejan con respecto a quiénes son los probables asesinos son muy variadas, pero alunas son las siguientes:

La realización de películas de cine snuff. Estas cintas son grabaciones de asesinatos reales; la finalidad es registrar estas atrocidades y posteriormente distribuirlas comercialmente como macabro “entretenimiento”.

Otra hipótesis es: Traer el pezón de una mujer, violarla o asesinarla puede ser prueba suficiente de valor y virilidad para los nuevos integrantes de pandillas o de bandas de narcotraficantes que abundan en el país.

Se habla también de ritos satánicos, y de fiestas, que son orgías, de ricos empresarios y gente vinculada a los gobiernos locales y federales donde se viola a jovencitas y se les sacrifica.

Sin embargo, aunque no sepamos quiénes son los asesinos y cuál es su verdadero móvil, lo que sí sabemos es que la policía, las autoridades y los gobiernos estatal y federal no hacen nada para prevenir, investigar y erradicar esta violencia de género. La impunidad en torno a estos asesinatos sólo da pie a que sigan cometiéndose. Porque la ecuación es elemental: la impunidad genera más crímenes.

Esto nos lleva a preguntarnos: ¿A quién encubren los gobiernos mexicanos? ¿A quiénes protegen? ¿Qué ganancias y beneficios obtienen de estos asesinatos? Porque al entorpecer las investigaciones e impedir la justicia surgen, entre otras, estas interrogantes. Así que definitivamente el gobierno mexicano es cómplice, por omisión, encubrimiento y negligencia, de los asesinos.

Alarmantemente estos crímenes contra las mujeres se han ido extendiendo a otros estados del país.

En el estado de Morelos, en sólo un año se reportaron 84 feminicidios.

En el estado de Sinaloa, en lo que va del año 2009, se han registrado 31 asesinatos.

En el Estado de México, en los recientes 4 años, han habido 672 crímenes, de los cuales el 89% de los casos permanecen impunes, lo cual ha convertido a esta entidad con la mayor tasa de feminicidios en el país, superando las cifras de Ciudad Juárez.

Resumiendo los números: en el país, cada año mueren mil 200 mujeres víctimas del feminicidio. En México tener cuerpo de mujer es estar en peligro de muerte.

Como una luz de esperanza, el 23 de febrero de 2008, dos organizaciones de derechos humanos presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una denuncia sin precedentes contra el Estado mexicano por el caso de 3 mujeres que fueron asesinadas, con signos de tortura, violación y mutilación de sus cuerpos.

La Corte Interamericana está analizando en estos momentos la responsabilidad de los estados en relación con la violencia que se ejerce contra las mujeres, la violencia institucional, así como la falta de protección y prevención del Estado en estos crímenes.

El caso es emblemático, no sólo porque es el primero que asume la Corte Interamericana por asesinato de mujeres con connotaciones sexuales, sino porque es el primero que juzga de entre los casi 600 homicidios que han ocurrido en Ciudad Juárez desde 1993. La Corte tiene previsto dictar sentencia el próximo mes de noviembre.

Desgraciadamente este no es el único problema de la terrible injusticia y de la absoluta impunidad que aqueja a México en cuanto a derechos humanos y en específico contra los derechos de las mujeres. A la impunidad que reina en torno a los feminicidios, se suman otros casos aún no resueltos como los siguientes:

El anunciado asesinato en 2001 de la abogada y defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido, crimen que el gobierno insiste en declarar como “suicidio”.

La violación de más de 25 mujeres por parte de la policía en San Salvador Atenco, en 2006. En este caso, las mujeres fueron el botín de guerra de la policía, y a la fecha no se ha castigado a ninguno de los responsables. El único policía detenido por el cargo que llamaron “actos libidinosos”, salió libre con una fianza de aproximadamente 800 dólares. En cambio, el gobernador Enrique Peña Nieto mantiene como presos políticos a 12 luchadores sociales, 3 de ellos: Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo con penas que suman más de 430 años de cárcel en prisiones de alta seguridad, superando así las condenas que reciben muchos secuestradores, narcotraficantes y delincuentes de alta peligrosidad.

Prosigo: La violación tumultuaria por militares y la posterior muerte de la indígena de la sierra de la Zongolica doña Ernestina Ascencio, en 2007. Para proteger al ejército, Felipe Calderón y el ombudsman mexicano aseveraron que la muerte de doña Ernestina se debió “a males gastrointestinales y anemia”.

El caso de violación tumultuaria y crimen de la activista de derechos humanos estadounidense Marcella Sali Grace, asesinada en septiembre de 2008.

Los asesinatos de Felícitas Martínez y Teresa Bautista, locutoras de la radio comunitaria La voz que rompe el silencio, ocurrido en la región Triqui de Oaxaca en 2008.

En 1994 tres hermanas indígenas tzeltales de 12, 15 y 17 años fueron violadas en Altamirano, en el estado de Chiapas, por un grupo de soldados que participaban en acciones militares contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

En 1997, doce indígenas zapotecas del Estado de Oaxaca fueron violadas por soldados.

Ese mismo año, en el estado de Guerrero, Aurelia Méndez Ramírez y Delfina Flores Aguilar, indígenas tlapanecas, fueron violadas por cinco soldados.

En 1999, en el mismo estado, dos indígenas mixtecas, Victoriana Vázquez Sánchez, de 50 años, y Francisca Santos Pablo, de 33 años, fueron violadas por miembros del ejército.

En 2002, Valentina Rosendo Cantú, indígena tlapaneca de 17 años, es violada por ocho militares, e Inés Hernández Ortega, indígena tlapaneca de 27 años, es violada por once soldados, ambos  casos en el Estado de Guerrero.

Seis años de recomendaciones internacionales y nacionales de los principales organismos defensores de derechos humanos no han valido para lograr que los militares que violan los derechos humanos en México, incluidos los casos de violación sexual contra mujeres, sean juzgados por la vía civil, y además porque los elementos del ejército cuentan con “fuero militar”.

Con el pretexto y en el contexto de la fracasada lucha contra el narcotráfico, los militares violan los derechos humanos de norte a sur y gozan de plena impunidad.

Para engrosar la trágica lista que pone en evidencia la falta de justicia y de la impunidad que impera México, menciono otros casos:

El asesinato del joven estudiante y luchador social Pável González en 2004, crimen que el gobierno también insiste en declarar como “suicidio”.

En los últimos años, ser periodista en México se ha convertido en una "profesión de alto riesgo". Del año 2000 al 2008, han habido 41 muertes y 8 desapariciones de periodistas y trabajadores de medios informativos, entre ellos el asesinato del norteamericano Brad Will, de la red Indymedia, acaecido en Oaxaca en 2006.

Juan Manuel Martínez Moreno, de oficio panadero y padre de 3 hijos, ha sido injustamente encarcelado desde octubre de 2008 acusado por este asesinato, cuando la propia cámara de Brad Will grabó la imagen de sus asesinos al momento de dispararle. El Gobierno Federal de México trata de cerrar el caso, porque de éste dependen recursos retenidos del convenio económico–militar conocido como “Iniciativa Mérida” o “Plan México”. El Congreso de Estados Unidos condicionó parte del envío del dinero a la situación de derechos humanos en México y específicamente al esclarecimiento del asesinato de Brad Will.

Otro caso es el de los 49 niños y niñas, todos menores de 5 años, que murieron calcinados en una guardería en Hermosillo, Sonora. “Curiosamente” algunos dueños y responsables de la seguridad de esta guardería están emparentados con la esposa de Calderón; varios de ellos están prófugos. El próximo 5 de octubre se cumplen 4 meses de este crimen, y hoy no hay un solo responsable detenido.

Y sumándose a esta sangrienta lista que parece interminable, agregamos los casos no resueltos de los asesinatos perpetrados por el gobernador Ulises Ruiz en Oaxaca durante el movimiento magisterial de 2006.

La red de pederastas y pornografía infantil denunciada por la valiente periodista Lydia Cacho, red que involucra a empresarios y funcionaros gubernamentales como el gobernador de Puebla Mario Marín, quienes permanecen libres e impunes.

A esto hay que sumar la masacre de Acteal, Chiapas, de 1997, donde perecieron 45 personas, la mayoría de ellos niños y mujeres embarazadas. Con machetes y balas, mientras oraban, fueron abatidas 14 niñas, 4 niños, 4 mujeres embarazadas, otras 15 mujeres y 8 hombres. Ése fue el primer crimen, el segundo ocurrió en agosto pasado cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación decretó la libertad inmediata de una veintena de los responsables de este crimen.

Y continúa la vergonzosa lista: las masacres de El Charco, de Aguas Bancas y de El Bosque, así como la matanza de el “Jueves de Corpus” o también conocido como el “halconazo”, en 1971, y la matanza de estudiantes en Tlatelolco, ocurrido un día como hoy, el 2 de octubre de 1968. Y un largo, larguísimo etcétera de crímenes sin castigo.

Todos estos casos que he mencionado permanecen en la impunidad, los responsables gozan de su libertad, y con un gobierno como el actual, seguramente va a pasar mucho, mucho tiempo para que se haga justicia a estos crímenes de lesa humanidad.

Porque aunque México siga promoviendo en el extranjero la imagen de defensor de derechos humanos, y firme tratados y acuerdos internacionales, actualmente es el primero en violarlos en su propio país. A esta incongruencia entre el discurso y la realidad, Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, en su pasada visita a México en 2007, la llamó “política esquizofrénica”.

Por todo esto afirmo categóricamente que en México reinan la corrupción y la impunidad. En México se practica cotidianamente la tortura. En México se violan los derechos humanos de lunes a domingo. En México se criminaliza la lucha social. Porque son mas peligrosos los que luchan, que los que secuestran o trafican drogas, menores de edad o personas. En México ser activista y defensor de derechos humanos es vivir en peligro de muerte. En México se matan mujeres por ser mujeres.

El caso de los crímenes de los feminicidios en Ciudad Juárez y el resto de México es una vergüenza nacional. La falta de acción, la indolencia y la indiferencia evidencian el sexismo, machismo, misoginia, clasismo y racismo del gobierno mexicano.

Ante este panorama, y en el marco de esta Cumbre Mundial de la Paz, las preguntas que surgen inevitablemente son:

¿Qué hacer en un país cuyo gobierno que, lejos de garantizar la paz de sus habitantes, la quebranta día con día?

¿Qué hacer si los responsables de conservar la indispensable paz la violentan cotidianamente?

¿Qué hacer para acabar con la impunidad que fomenta el gobierno mexicano y cómo poder alcanzar la elemental justicia?

El gobierno mexicano es un lobo con piel de oveja. Tras la máscara, su rostro se asemeja más al de una dictadura que al de una democracia. En México estamos gobernados por delincuentes y criminales.

¿Cómo hablar de “Cultura de Paz” si en México la justicia es para unos cuantos y la impunidad es el cobijo de los poderosos?

Nosotras, nosotros, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos buscamos la paz y luchamos por ella día con día, anhelamos un país donde las niñas y las mujeres puedan caminar tranquilas, ir a sus trabajos o escuela, y poder volver de regreso a casa…

No queremos un estado policiaco ni al ejército en las calles, no queremos que se burlen de nosotras, de nosotros al premiar a nefastos individuos como Francisco Barrio Terrazas y Arturo Chávez Chávez. No queremos que las mujeres sigan marchando vestidas de luto. No queremos seguir pintando cruces con los nombres de las mujeres asesinadas. No queremos vivir un tiempo de canallas. ¡Decimos: Basta! ¡Alto a la impunidad: ni una muerta más!

Deseamos la paz, pero el Estado mexicano no pone el menor empeño en garantizar este derecho fundamental y es el primero en violentarlo.

Actualmente en México, la única paz que existe, la única paz que promueve el estado mexicano… es la paz de los sepulcros. La paz de  Felipe Calderón yace en los cementerios. Y a tres metros bajo tierra, las niñas y mujeres asesinadas en Ciudad Juárez: Lilia Alejandra, Alma Mireya, Brenda Berenice, Sagrario, Perla, Patricia, y el resto de nuestros muertos, claman justicia. Solamente justicia.

Desde esta importante reunión, exhorto al gobierno mexicano a que nos devuelva la paz. Nuestras Hijas de Regreso a Casa, la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos, las mujeres y hombres conscientes exigimos que cese la impunidad en torno a estos asesinatos.

Aprovecho este foro para hacer un llamado a la comunidad internacional para que juzguen, condenen y sancionen al estado mexicano por el feminicidio que se extiende de Chihuahua hasta Chiapas.

Para finalizar, quiero compartir con ustedes un fragmento del poema de Juan Ríos Cantú titulado ¿Hay un dios cerca de Juárez?:

“Juárez, qué se alce tu voz hasta curarle a la justicia la sordera.

Qué se alce también tu razón y tu cordura,

Que te regrese la calma.

Juárez, mi más sentido pésame.

Si mis manos no hacen nada

que lo haga mi palabra.

Qué regrese la hija, la hermana y la madre

del trabajo a la casa cuando caiga la tarde.” 

Humberto Robles

http://roblesteatroblogspot.com          http://es.wikipedia.org/wiki/Humberto_Robles

humberto.robles@gmail.com

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