BOGOTA, 03/10/2009 (Humberto Robles): Antes que nada, quiero agradecer a
quienes hicieron posible que hoy esté con ustedes en la Cumbre
Mundial de la Paz. Soy Humberto Robles, dramaturgo y colaborador con
varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas Nuestras Hijas
de Regreso a Casa, ONG de familiares y amigos que lucha por
denunciar, prevenir y erradicar los crímenes de niñas y mujeres en
Ciudad Juárez. Comenzaré
leyendo un fragmento de un poema de la poeta chiapaneca Rosario
Castellanos.
Recuerdo, recordamos.
Ésta es nuestra manera de ayudar a que
amanezca
sobre tantas conciencias mancilladas,
sobre un texto iracundo, sobre una reja
abierta,
sobre el rostro amparado tras la máscara.
Recuerdo, recordemos
Hasta que la justicia se siente entre
nosotros.”
Ciudad Juárez se encuentra
enclavada en una zona desértica, al borde del Río Bravo, en la frontera
que separa a México de Estados Unidos. Tiene una población de alrededor
de 1, 300,000 habitantes; es la ciudad más poblada de Chihuahua, el
estado más grande del país, y este año el Consejo Ciudadano para la
Seguridad Pública la declaró la urbe más violenta del mundo.
Es aquí donde desde hace más
de 16 años se ha venido ejecutando una serie de asesinatos a niñas y
mujeres de edades que oscilan entre los cinco y los 35 años.
Desde 1993 a la fecha, según
reportes de diversas organizaciones, se han cometido más de de 576
crímenes de mujeres en Ciudad Juárez y en la ciudad de Chihuahua, y hay
aproximadamente 600 desparecidas.
En lo que va del año 2009,
se han encontrado 88 cuerpos sin vida, y se ha reportado la desaparición
de varias jovencitas, con una edad promedio de 17 años.
Las víctimas son mujeres de
escasos recursos, obreras, empleadas de maquiladoras (empresas
ensambladoras transnacionales que importan materiales sin pagar
aranceles), son estudiantes, migrantes de otros estados que van a
Ciudad Juárez “buscando una vida mejor”.
Son en su mayoría jóvenes,
bonitas, pobres, morenas, de cabellos y ojos negros. Muchas son madres
solteras o con hijos que mantener. Ellas suelen ser secuestradas,
torturadas durante varios días, golpeadas, violadas tumultuariamente,
mutiladas partes de su cuerpo y finalmente asesinadas, ya sea amarradas
con alambre de púas hasta desangrarse, estranguladas, apuñaladas o
quemadas.
Muchos de los cadáveres
muestran los pezones arrancados por dientes humanos, la piel con huellas
de quemaduras de cigarros, la carne mordisqueada, violencia sexual
extrema y señales de prolongados tormentos.
Irónicamente, Ciudad Juárez
fue llamada alguna vez “la mejor frontera de México” ya que, a raíz del
Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, en esta
ciudad, así como a lo largo de la frontera, se instalaron las
maquiladoras. A este fenómeno, digno
de las peores películas de terror, se le ha catalogado como
feminicidio: el asesinato brutal y sistemático de mujeres.
No hablamos de violencia
doméstica, que también la hay. En este caso se trata de una serie de
asesinatos perfectamente planeados, organizados y sistematizados que han
alarmado y llamado la atención de importantes investigadores del FBI,
de periodistas, de defensores de derechos humanos y de organizaciones
internacionales como Amnistía Internacional, entre otras.
Después del crimen, las
siguientes víctimas son las madres y familiares de estas niñas y mujeres
masacradas. Ellos encuentran el cuerpo sin vida de su hija, madre,
novia, esposa, prima o hermana, abandonado en un lote baldío o apenas
cubierto por las arenas del desierto, descubriendo así la forma brutal
en la que murió la joven, e imaginándose todo lo que habrá sufrido. Cabe
mencionar que invariablemente, los cuerpos han sido encontrados por
gente que pasaba por ahí, jamás por elementos policiacos.
En muchos casos, las
víctimas son reconocidas sólo por sus ropas, por la dentadura o por
alguna seña particular, ya que el resto del cuerpo se encuentra
irreconocible. Por otro lado, las otras víctimas de las que poco se
habla, son las huérfanas y huérfanos de estas mujeres asesinadas.
Como si este dolor no fuera
suficiente, las familias deben enfrentar la total ineficacia,
ineficiencia, negligencia e insensibilidad de la policía, de las
autoridades locales, de los gobernadores del estado y de los propios
presidentes de México.
Porque desde hace 16 años
las autoridades competentes (a las que habría que llamarlas
“incompetentes”), junto con los medios de información (a los que habría
que llamarlos de “desinformación”), se han dedicado a desprestigiar a
las víctimas acusándolas de ser prostitutas, drogadictas, personas sin
valores, mujeres que salen de sus casas a buscar el peligro. Este no es
el caso, pero si lo fuera, no habría nada que justificara la tortura, la
violación y el asesinato de prostitutas, drogadictas o mujeres así.
Constantemente el gobierno
minimiza las cifras de los crímenes. Los gobernadores del estado y los
presidentes del país hacen caso omiso de las recomendaciones
internacionales. Tampoco prestan oídos a los reclamos de justicia de las
madres, familiares y organizaciones de derechos humanos. Los
procuradores de justicia, así como los y las fiscales especiales pierden
o desaparecen pruebas de vital importancia como la ropa de las víctimas
en las que se encuentran muestras de sangre, cabellos o semen.
Para colmo, los medios de
comunicación y los empresarios locales acusan a aquellos que claman
justicia (a las madres y a las organizaciones) de “vende-patrias” y “de
ensuciar el buen nombre de Ciudad Juárez”. Esto se suma a intimidaciones
y otras amenazas a quienes reclaman justicia. Todas y todos los que nos
hemos participado, solidarizado y comprometido con esta causa hemos
recibido desde pequeños “sustos”… hasta persecuciones, disparos e
incluso amenazas de muerte.
Por su parte, el gobierno,
lejos de investigar, juzgar o castigar a los responsables de estas
irregularidades, los premia. Por ejemplo, al ex gobernador del estado de
Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas, a quien, durante su gestión se le
acusa de una actitud misógina y de denigrar a las mujeres juarenses
justificando sus asesinatos con argumentos tales como que “las mujeres
son responsables por vestir minifaldas”, “por salir a altas horas de la
noche”, acusarlas de vivir una doble vida, y declarar que el número de
mujeres asesinadas "es normal", minimizando las tragedias, en abril de
este año se le nombró embajador en Canadá.
Otro caso para documentar la
historia de la ignominia: en marzo de 2005, mientras Marisela Ortiz
Rivera, co-fundadora y co-presidenta de Nuestras Hijas de Regreso a
Casa, daba una conferencia sobre los asesinatos y desapariciones de
mujeres en Ciudad Juárez, el ombudsman mexicano José Luis Soberanes
acaparó la atención de todos… ¿Por qué? Porque se durmió durante la
conferencia.
Otro ejemplo indignante es
el de Arturo Chávez Chávez, quien, sin importar el rechazo y la
oposición de la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos,
la semana pasada fue ratificado como procurador general de la República.
Las investigaciones hechas
por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y
Amnistía Internacional sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad
Juárez coinciden en que Arturo Chávez Chávez, siendo procurador de
justicia de Chihuahua, cometió graves irregularidades durante las
indagatorias en los crímenes de mujeres en Ciudad Juárez, pues hubo
retrasos en la búsqueda de las mujeres que eran reportadas como
desaparecidas, hubo deficiencias en la integración de las averiguaciones
previas y no se ejecutaron órdenes de aprehensión contra presuntos
responsables. Por ejemplo, él expresó que las mujeres eran culpables de
sus propios crímenes por vestir ropas provocativas. Debido a lo
anterior, es inaceptable e indignante que Felipe Calderón y el senado de
la república hayan entregado la procuraduría a un enemigo de la
justicia.
Hasta
la fecha y a más de 16 años de asesinatos, no se ha resuelto
satisfactoriamente ni uno de los más de 576 crímenes de mujeres en
Ciudad Juárez. Ni uno. La mayoría de las personas que están en la cárcel
acusadas por estos crímenes son chivos expiatorios; con amenazas y bajo
torturas fueron obligados a firmar sus declaraciones inculpatorias.
Algo
que enturbia aún más el tema del feminicidio en México y que genera
graves sospechas es que los casos de las mujeres asesinadas no se han
atraído al fuero federal (esto es, dejar que sea un problema local para
convertirse en un problema nacional), porque el gobierno arguye,
falseando como siempre las cifras, que “sólo se trata de unos 300
asesinatos”.
Entonces nos preguntamos, ¿cuántas muertes necesitará el gobierno
mexicano para atraer estos casos y declarar zona de desastre humano a
Ciudad Juárez? ¿Cuántas mujeres más deberán ser masacradas para que se
tomen cartas en el asunto? ¿No basta una sola mujer asesinada para
actuar? La barbarie parece no tener límites: las niñas Brenda Berenice
Delgado Rodríguez de 5 años, Airis Estrella Enríquez de 7 años y Anahí
Orozco de 10 años, fueron atacadas sexualmente, torturadas y asesinadas.
¿No existe alguien en el gobierno mexicano que se conmueva y decida
hacer algo para prevenir y acabar con esta guerra de baja intensidad
contra las niñas y las mujeres? Parece que la respuesta es simple y
llana: no.
Continúa en:
Segunda parte
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