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CUMBRE MUNDIAL DE LA PAZ Mesa: Mujeres y cultura de paz “Ciudad Juárez: matanza de mujeres” Segunda Parte por Humberto Robles * |
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Viene de: Primera Parte BOGOTA, 03/10/2009 (Humberto Robles): ... Tampoco a las maquiladoras que emplean a estas mujeres les importan la vida de estas obreras pobres. Deberían, pero no hacen nada. Si matan a una, afuera de la fábrica hay una fila de ciento de mujeres esperando conseguir trabajo. Por otro lado, para seguir documentando la infamia: el Código penal de Chihuahua determina que el violador de una mujer "recibirá una pena de tres a nueve años de prisión". En cambio, para los ladrones de ganado, el Código Penal prevé una pena de seis a cuarenta años de cárcel. Queda claro que en Chihuahua vale más una vaca que una mujer. Ahora, las hipótesis que se manejan con respecto a quiénes son los probables asesinos son muy variadas, pero alunas son las siguientes: La realización de películas de cine snuff. Estas cintas son grabaciones de asesinatos reales; la finalidad es registrar estas atrocidades y posteriormente distribuirlas comercialmente como macabro “entretenimiento”. Otra hipótesis es: Traer el pezón de una mujer, violarla o asesinarla puede ser prueba suficiente de valor y virilidad para los nuevos integrantes de pandillas o de bandas de narcotraficantes que abundan en el país. Se habla también de ritos satánicos, y de fiestas, que son orgías, de ricos empresarios y gente vinculada a los gobiernos locales y federales donde se viola a jovencitas y se les sacrifica. Sin embargo, aunque no sepamos quiénes son los asesinos y cuál es su verdadero móvil, lo que sí sabemos es que la policía, las autoridades y los gobiernos estatal y federal no hacen nada para prevenir, investigar y erradicar esta violencia de género. La impunidad en torno a estos asesinatos sólo da pie a que sigan cometiéndose. Porque la ecuación es elemental: la impunidad genera más crímenes. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿A quién encubren los gobiernos mexicanos? ¿A quiénes protegen? ¿Qué ganancias y beneficios obtienen de estos asesinatos? Porque al entorpecer las investigaciones e impedir la justicia surgen, entre otras, estas interrogantes. Así que definitivamente el gobierno mexicano es cómplice, por omisión, encubrimiento y negligencia, de los asesinos. Alarmantemente estos crímenes contra las mujeres se han ido extendiendo a otros estados del país. En el estado de Morelos, en sólo un año se reportaron 84 feminicidios. En el estado de Sinaloa, en lo que va del año 2009, se han registrado 31 asesinatos. En el Estado de México, en los recientes 4 años, han habido 672 crímenes, de los cuales el 89% de los casos permanecen impunes, lo cual ha convertido a esta entidad con la mayor tasa de feminicidios en el país, superando las cifras de Ciudad Juárez. Resumiendo los números: en el país, cada año mueren mil 200 mujeres víctimas del feminicidio. En México tener cuerpo de mujer es estar en peligro de muerte. Como una luz de esperanza, el 23 de febrero de 2008, dos organizaciones de derechos humanos presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una denuncia sin precedentes contra el Estado mexicano por el caso de 3 mujeres que fueron asesinadas, con signos de tortura, violación y mutilación de sus cuerpos. La Corte Interamericana está analizando en estos momentos la responsabilidad de los estados en relación con la violencia que se ejerce contra las mujeres, la violencia institucional, así como la falta de protección y prevención del Estado en estos crímenes. El caso es emblemático, no sólo porque es el primero que asume la Corte Interamericana por asesinato de mujeres con connotaciones sexuales, sino porque es el primero que juzga de entre los casi 600 homicidios que han ocurrido en Ciudad Juárez desde 1993. La Corte tiene previsto dictar sentencia el próximo mes de noviembre. Desgraciadamente este no es el único problema de la terrible injusticia y de la absoluta impunidad que aqueja a México en cuanto a derechos humanos y en específico contra los derechos de las mujeres. A la impunidad que reina en torno a los feminicidios, se suman otros casos aún no resueltos como los siguientes: El anunciado asesinato en 2001 de la abogada y defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido, crimen que el gobierno insiste en declarar como “suicidio”. La violación de más de 25 mujeres por parte de la policía en San Salvador Atenco, en 2006. En este caso, las mujeres fueron el botín de guerra de la policía, y a la fecha no se ha castigado a ninguno de los responsables. El único policía detenido por el cargo que llamaron “actos libidinosos”, salió libre con una fianza de aproximadamente 800 dólares. En cambio, el gobernador Enrique Peña Nieto mantiene como presos políticos a 12 luchadores sociales, 3 de ellos: Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo con penas que suman más de 430 años de cárcel en prisiones de alta seguridad, superando así las condenas que reciben muchos secuestradores, narcotraficantes y delincuentes de alta peligrosidad. Prosigo: La violación tumultuaria por militares y la posterior muerte de la indígena de la sierra de la Zongolica doña Ernestina Ascencio, en 2007. Para proteger al ejército, Felipe Calderón y el ombudsman mexicano aseveraron que la muerte de doña Ernestina se debió “a males gastrointestinales y anemia”. El caso de violación tumultuaria y crimen de la activista de derechos humanos estadounidense Marcella Sali Grace, asesinada en septiembre de 2008. Los asesinatos de Felícitas Martínez y Teresa Bautista, locutoras de la radio comunitaria La voz que rompe el silencio, ocurrido en la región Triqui de Oaxaca en 2008. En 1994 tres hermanas indígenas tzeltales de 12, 15 y 17 años fueron violadas en Altamirano, en el estado de Chiapas, por un grupo de soldados que participaban en acciones militares contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En 1997, doce indígenas zapotecas del Estado de Oaxaca fueron violadas por soldados. Ese mismo año, en el estado de Guerrero, Aurelia Méndez Ramírez y Delfina Flores Aguilar, indígenas tlapanecas, fueron violadas por cinco soldados. En 1999, en el mismo estado, dos indígenas mixtecas, Victoriana Vázquez Sánchez, de 50 años, y Francisca Santos Pablo, de 33 años, fueron violadas por miembros del ejército. En 2002, Valentina Rosendo Cantú, indígena tlapaneca de 17 años, es violada por ocho militares, e Inés Hernández Ortega, indígena tlapaneca de 27 años, es violada por once soldados, ambos casos en el Estado de Guerrero. Seis años de recomendaciones internacionales y nacionales de los principales organismos defensores de derechos humanos no han valido para lograr que los militares que violan los derechos humanos en México, incluidos los casos de violación sexual contra mujeres, sean juzgados por la vía civil, y además porque los elementos del ejército cuentan con “fuero militar”. Con el pretexto y en el contexto de la fracasada lucha contra el narcotráfico, los militares violan los derechos humanos de norte a sur y gozan de plena impunidad. Para engrosar la trágica lista que pone en evidencia la falta de justicia y de la impunidad que impera México, menciono otros casos: El asesinato del joven estudiante y luchador social Pável González en 2004, crimen que el gobierno también insiste en declarar como “suicidio”. En los últimos años, ser periodista en México se ha convertido en una "profesión de alto riesgo". Del año 2000 al 2008, han habido 41 muertes y 8 desapariciones de periodistas y trabajadores de medios informativos, entre ellos el asesinato del norteamericano Brad Will, de la red Indymedia, acaecido en Oaxaca en 2006. Juan Manuel Martínez Moreno, de oficio panadero y padre de 3 hijos, ha sido injustamente encarcelado desde octubre de 2008 acusado por este asesinato, cuando la propia cámara de Brad Will grabó la imagen de sus asesinos al momento de dispararle. El Gobierno Federal de México trata de cerrar el caso, porque de éste dependen recursos retenidos del convenio económico–militar conocido como “Iniciativa Mérida” o “Plan México”. El Congreso de Estados Unidos condicionó parte del envío del dinero a la situación de derechos humanos en México y específicamente al esclarecimiento del asesinato de Brad Will. Otro caso es el de los 49 niños y niñas, todos menores de 5 años, que murieron calcinados en una guardería en Hermosillo, Sonora. “Curiosamente” algunos dueños y responsables de la seguridad de esta guardería están emparentados con la esposa de Calderón; varios de ellos están prófugos. El próximo 5 de octubre se cumplen 4 meses de este crimen, y hoy no hay un solo responsable detenido. Y sumándose a esta sangrienta lista que parece interminable, agregamos los casos no resueltos de los asesinatos perpetrados por el gobernador Ulises Ruiz en Oaxaca durante el movimiento magisterial de 2006. La red de pederastas y pornografía infantil denunciada por la valiente periodista Lydia Cacho, red que involucra a empresarios y funcionaros gubernamentales como el gobernador de Puebla Mario Marín, quienes permanecen libres e impunes. Continúa: Tercera parte |
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| Breve Semblanza de Humberto Robles * | |||||||||||||||
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[03.10.2009]:
BOGOTA:
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