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La acusación pide que se declare la responsabilidad del Estado "por la
impunidad" en el caso de tres asesinatos de mujeres
MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS): El Estado mexicano será juzgado a partir
de mañana, lunes, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
por la presunta impunidad, falta de investigación y de actuación frente
a los asesinatos de mujeres que se llevan cometiendo en la localidad de
Ciudad Juárez en la última década, la mayoría de los cuales no conoce
una respuesta policial y judicial de acuerdo con la gravedad del caso.
El juicio tendrá lugar en Santiago (Chile) entre mañana y el próximo
jueves, 30 de abril. Los abogados mexicanos Karla Micheel Salas y David
Peña se encargarán de la acusación en un proceso que sólo se centrará en
los casos de tres mujeres asesinadas en el conocido caso del Campo
Algodonero, ocurrido en el año 2001. En total fueron ocho los cadáveres
encontrados en este lugar, una zona de trabajo situada a las afueras de
Ciudad Juárez, pero cinco de los cuerpos no fueron identificados a
tiempo de presentar la acusación.
Pero Emilio Ginés, miembro del Comité Europeo de Prevención de la
Tortura que asesorará a los dos abogados mexicanos, considera que no
sólo se va a juzgar el caso de las tres mujeres, sino el de todos los
asesinatos que se llevan cometiendo en esta ciudad mexicana desde 1993 y
también el de todas las mujeres que sufren este tipo de violencia en
América Latina.
Según explicó el abogado en rueda de prensa a mediados de este mes, el
caso del Campo Algodonero y el de todos los asesinatos de mujeres
ocurridos en Ciudad Juárez "responde a una situación social que se llama
feminicidio" debido a ciertas "características especiales" y son que los
responsables "van a por mujeres jóvenes, trabajadoras, con una débil
posición económica" cuyas familias no tienen capacidad de hacer
justicia.
Ginés, quien ejercerá de asesor de los abogados mexicanos junto con el
catedrático de Derecho Internacional y abogado experto en materia de
Derechos Humanos Héctor Fáundez, hizo hincapié en la especial violencia
que han sufrido y sufren estas mujeres. Muchos cuerpos aparecen
desfigurados a modo de ritual, otros parecen un mensaje de advertencia a
las mujeres por el mero hecho de trabajar.
En cualquier caso, se trata de una violencia brutal: normalmente las
víctimas son torturadas y violadas y sus cuerpos son enterrados o
abandonados en cualquier lugar, por lo que muchos restos no aparecen
nunca.
Pero a la crudeza de estas muertes y el dolor de las familias se une el
hecho de que en la mayoría de los casos los asesinatos o desapariciones
no se investigan, no se recogen pruebas y las evidencias que pueden
recabarse se pierden o son manipuladas. A juicio del abogado español,
"existe un manto protector hacia los asesinos" y las familias se
encuentran sin ningún apoyo por parte de las autoridades.
MÁS DE 1.000 MUJERES ASESINADAS
Ante el incremento de la violencia y asesinatos a lo largo de 2008 en
Ciudad Juárez, Ginés fue invitado el pasado agosto como experto a
participar en una misión internacional de la Organización Mundial contra
la Tortura. Las conclusiones de la misión fueron presentadas en
septiembre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede
en Washington.
De acuerdo con estas conclusiones, en Ciudad Juárez se ha reanudado el
feminicidio casi ritual que asoló la localidad en años precedentes. Se
calcula que más de 1.000 mujeres han sido violadas, torturadas,
asesinadas y hechas desaparecer.
Tras conocer el informe de la misión internacional, la Comisión envió el
caso a la CIDH, que finalmente juzgará al Estado mexicano. La decisión
de celebrar el juicio en Santiago y no en San José de Costa Rica, donde
se encuentra la Corte, se debe, según explicó Ginés a Europa Press, al
escaso espacio de que se dispone en la sede y a que los jueces han
preferido alejar geográficamente este proceso del país donde ocurrieron
los hechos ante posibles amenazas o injerencias.
REPARACIÓN DE LAS FAMILIAS
La acusación pide una reparación total de las familias de las víctimas,
pero no sólo económica, sino con la detención de los culpables. Para
ello, reclama que la Procuraduría federal (Fiscalía) sea la que se
encargue de estos casos, y no las procuradurías estatales, que pueden
estar más influidas por el crimen organizado.
También se insta al Estado mexicano a que investigue las denuncias
existentes de las familias de las víctimas, que sufren amenazas,
hostigamiento y persecución, y que proceda a la dignificación de la
memoria de todas las mujeres asesinadas.
Marisela Ortiz Rivera, de la asociación 'Nuestras Hijas de Regreso a
Casa', asegura que "la ingobernabilidad y el terror han hecho presa a la
población en todo el estado de Chihuahua". En este sentido, en una carta
enviada a Ginés, habla de "secuestros a empresarios, cierre de negocios,
extorsiones a ciudadanos ordinarios, asaltos a mano armada,
desapariciones de jóvenes mujeres, ejecuciones del crimen organizado y
el pago de impuestos".
Como jurista, el abogado español opina que "el juicio contra México está
claro", por lo que pidió que el Ejecutivo de Felipe Calderón se tome en
serio la sentencia. Ginés se mostró confiado de que será condenatoria.
Según Ginés, los asesinatos que se cometen en Ciudad Juárez son, por sus
características, "crímenes de lesa Humanidad", por lo cual la sentencia
de la CIDH constituirá un caso paradigmático que sentará un "precedente
jurídico, afectando a toda la sociedad internacional y a sus
tribunales".
El caso contra México, el Estado, ha generado una gran expectación en
toda Iberoamérica y ha atraído a numerosas organizaciones que estarán
presentes en la sala. Así, asistirán representantes del Consejo General
de la Abogacía Española, la Unión de Abogados Europeos, el Colegio de
Abogados de Europa, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE)
y de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA),
entre otros.
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