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FOTO: Jim Wilson/The New
York Times
Robert Franco, a la izquierda, y Shawn Higgins, quienes están
comprometidos, se abrazan frente a la Alcaldía después de que la
decisión fuese anunciada.
The NewYork Times, John Schwartz, 27/05/2009 (Traducción al castellano ©
Agustin Villalpando / Enkidu Magazine): La Suprema Corte de California
confirmó una prohibición a los matrimonios entre personas del mismo sexo
este martes, ratificando una decisión hecha por los votantes el año
pasado. La sentencia llega en un momento cuando numerosos gobiernos
estatales se han movido en la dirección opuesta.
Sin embargo, la decisión de la corte mantiene los 18,000 matrimonios
entre personas del mismo sexo realizados entre la sentencia de los
jueces en mayo pasado, cuando dijeron que el matrimonio entre personas
del mismo sexo estaba protegido constitucionalmente y la votación de
noviembre a favor de la Propuesta 8 [Proposition 8], que lo prohibió.
La opinión de la corte, escrita por Ronald M. George, Presidente del
Tribunal, en una mayoría de 6 vs 1, apuntó que las parejas del mismo
sexo aún tenían un derecho a las uniones civiles. Tales uniones, afirma
la opinión, da a esas parejas la habilidad de 'escoger la pareja de vida
y entrar con esa persona a un relación de compromiso, reconocida
oficialmente y con protección familiar que disfrutan de todos los
incidentes basados constitucionalmente en el matrimonio' [“choose one’s
life partner and enter with that person into a committed, officially
recognized and protected family relationship that enjoys all of the
constitutionally based incidents of marriage”].
El Juez George escribió que la Propuesta 8 no 'repelía o abroga' [“entirely
repeal or abrogate”] el derecho de tal relación protegida. En lugar de
eso, añadió él, ésta 'abre camino a una excepción restringida y limitada
a estos derechos constitucionales, reservando una designación oficial
del término 'matrimonio' a la unión entre parejas de sexo opuesto como
un asunto de derecho constitucional estatal' [Proposition 8 did not
“entirely repeal or abrogate” the right to such a protected relationship.
Instead, he said, it “carves out a narrow and limited exception to these
state constitutional rights, reserving the official designation of the
term ‘marriage’ for the union of opposite-sex couples as a matter of
state constitutional law”].
Los 18,000 matrimonios existentes pueden mantenerse, escribió el juez,
porque la Propuesta 8 no incluyó un lenguaje específico que aseverase
que es retroactiva.
Reacciones acaloradas a la decisión comenzaron de inmediato, con
manifestantes que bloquearon el tránsito cerca del edificio de la
Suprema Corte en San Francisco y los abogados a favor del matrimonio
entre personas del mismo sexo hacían planes para su propia iniciativa de
propuesta para ser aprobada por los votantes.
En Los Angeles, Jennifer C. Pizer, Directora del Proyecto Matrimonio [marriage
project director] de la organización pro-derechos gay Lambda Legal,
declaró que la decisión "hace que nosotros debamos reparar el daño en
las urnas". Uno de los grupos más grandes en el Estado a favor de los
derechos gay, Equality California, envió un correo electrónico a sus
simpatizantes conminándoles a recaudar $500,000 dólares de Estados
Unidos con el fin de realizar "una campaña masiva para colocar una
iniciativa en las urnas y ganar" [“a massive campaign to put an
initiative on the ballot and win”].
Shannon Minter, Directora Legal del National Center for Lesbian Rights
[Centro Nacional pro Derechos Lesbianos], calificó la decisión como "un
golpe terrible a los miles de californianos gays y lesbianas que
despertaron esta mañana con esperanzas y orando porque su estatus como
ciudadanos iguales de este estado sería restaurado" [“a terrible blow to
the thousands of gay and lesbian Californians who woke up this morning
hoping and praying their status as equal citizens of this state would be
restored”]
Quienes apoyaron la Propueta 8 se mostraron eufóricos. Andrew P. Pugno,
Consejero General de ProtectMarriage.com [ProtegeelMatrimonio.com], el
grupo más importante tras la iniciativa del año pasado, dijo que él y
sus aliados estaban "muy satisfechos" [“very gratified”] por la
decisión.
"Esta es la culminación de años de trabajo pesado para preservar el
matrimonio en California," [“This is the culmination of years of hard
work to preserve marriage in California”] dijo Pugno en un mensaje por
correo electrónico.
Kenneth W. Starr, decano de la Escuela de Derecho de la Universidad
Pepperdine, quien presentó argumentos a los jueces a favor de la
Propuesta 8, dijo que la sentencia "representa una afirmación judicial
enérgica del derecho del pueblo de California para enmendar la
Constitución estatal en las urnas" [“represents a ringing judicial
affirmation of the right of the people of California to amend the State
Constitution at the ballot box”].
La corte de California sentenció en mayo del año pasado que las parejas
del mismo sexo disfrutaban el mismo "derecho a casarse" [“right to marry”]
fundamental como las parejas de sexo opuesto. Esa decisión arrolladora,
4 vs 3, provocó una reacción en contra de los opositores quienes
impulsaron la Propuesta 8, misma que, después de una lucha en campaña
amarga, consiguió 52 por ciento del voto en noviembre.
La opinión del martes centró su atención en si el uso de una iniciativa
de los votantes para restringir derechos constitucionales bajo la
Propuesta 8 había ido demasiado lejos.
Los que apoyan el matrimonio entre personas del mismo sexo, quienes
iniciaron numerosos juicios legales desafiando la propuesta después de
su adopción, argumentaron que el cambio en la Constitución del estado
era tan fundamental que la iniciativa no era una enmienda sino, en lugar
de ello, una "revisión" [“revision”], término utilizado para medidas que
reelaboran principios constitucionales fundamentales.
Bajo la legislación de California, las revisiones no pueden ser
decididas a través de una iniciativa de recaudación de firmas y de un
voto mayoritario, como ocurrió con la Propuesta 8. En lugar de ello,
ellas pueden ser aprobadas en las boletas electorales sólo con un voto
de dos tercios de la Legislatura.
Pero los jueces aseguraron que la propuesta fue una enmienda, no una
revisión. Ha sido históricamente raro que las cortes de los estados
anulen iniciativas con base en que ellas son, de hecho, revisiones, y
muchos académicos legalistas [legal scholars] habían dudado que el
desafío a la Propuesta 8 diera resultado.
Durante las exposiciones orales, en marzo, las cuestiones de los jueces
anticiparon con claridad el razonamiento de la opinión mayoritaria del
martes, con la Jueza Joyce L. Kennard sugiriendo entonces que incluso si
la iniciativa quitara la "etiqueta de matrimonio" [“label of marriage”],
ésta no socavaba los derechos substantivos involucrados. Minter, en
representación de los demandantes, argumentó que sin la palabra
"matrimonio", las parejas del mismo sexo encontrarían "nuestro estatus
como intrusos consagrado en nuestra Constitución" [“our outsider status
enshrined in our Constitution”].
La opinión del Presidente del Tribunal George abordó de manera directa
ese punto, asegurando que la corte entendía la importancia de la palabra
y no estaba intentando aminorar esa importancia. Pero, escribió él, el
derecho legal del pueblo a llamarse a sí mismos casados sólo es uno de
los derechos concedidos a las parejas formadas por personas del mismo
sexo en la decisión de mayo pasado y, por ello, "sólo es la designación
de matrimonio —aunque significativa— lo que ha sido retirado por esta
medida de iniciativa" [“it is only the designation of marriage — albeit
significant — that has been removed by this initiative measure”].
Karl M. Manheim, académico en la Escuela de Derecho Loyola Los Angeles,
quien había presentado la demanda ante la corte en oposición a la
Propuesta 8, llamó la decisión como una "segura" [a “safe” one] para los
jueces que puede ser revocada por los electores. El cambio efectuado por
la Propuesta 8 era todo menos limitado, indicó el Profesor Manheim, y
clamar que la palabra "matrimonio" es, en esencia, simbólica, es como
decir que la gente negra sentada en la parte trasera de un autobús no es
importante siempre y cuando la parte de enfrente y la parte trasera del
autobús lleguen al mismo tiempo.
En casi tres meses desde que el caso fue alegado, otros tres estados han
legalizado los matrimonios entre personas del mismo sexo, uniéndose a
Massachusetts y Connecticut, los cuales ya lo habían hecho. El 3 de
abril, la Corte Suprema de Iowa, citando en repetidas ocasiones la
decisión de California de mayo pasado, acabó con un estatuto estatal que
limitaba el matrimonio civil a la unión entre un hombre y una mujer.
Menos de una semana después, la legislatura de Vermont invalidó por
estrecho margen el veto del Gobernador Jim Douglas de una iniciativa de
ley que permite que parejas del mismo sexo se casen.
Luego, el 6 de mayo, la legislatura de Maine, también, aprobó un
proyecto de ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo,
y el Gobernador John Baldacci la signó de inmediato.
Iniciativas que legalizarían el matrimonio entre personas del mismo sexo
también están siendo promovidas en Nueva York y en Nueva Jersey. Una
medida similar entró en un callejón sin salida, por un margen estrecho,
en la legislatura de Nueva Hampshire este mes, pero podría plantearse
una votación nueva en junio. Además, encuestas de opinión sobre la
actitud de los estadounidenses hacia el matrimonio entre personas del
mismo sexo indican que ellos favorecen que sea permitido.
El único voto en contra en la decisión del martes, vino del Juez Carlos
R. Moreno, quien anteriormente había sido mencionado como una elección
posible del Presidente Obama para ser juez en la Suprema Corte de
Estados Unidos.
El Juez Moreno escribió que la Propuesta 8 significa "requerir
discriminación" [means “requiring discrimination”], que, dijo él,
"golpea el corazón de la promesa de igualdad que subraya nuestra
Constitución de California" [“strikes at the core of the promise of
equality that underlies our California Constitution”] y, añadió, "coloca
en riesgo los derechos constitucionales de todas las minorías
desfavorecidas" [“places at risk the state constitutional rights of all
disfavored minorities”].
Jesse McKinley y Malia Wollan contribuyeron con reportes desde San
Francisco, y Rebecca Cathcart desde Los Angeles.
» A version of this article appeared in print on May 27, 2009, on page
A1 of the New York edition.
Published: May 26, 2009
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[27.05.2009]:
